Mientras la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) enfrentó el proceso electoral general sin el presupuesto especial que el propio Congreso nunca aprobó, hoy la clase política impulsa una nueva ampliación de plazos y la exoneración temporal de sanciones para quienes incumplieron su obligación legal de rendir cuentas.
Los informes de financiamiento político no son un simple trámite administrativo. En ellos se revela cómo se utilizan los fondos públicos entregados mediante la deuda política, quién financia las campañas electorales, cuánto dinero se invierte y qué controles existen para evitar que recursos de origen ilícito patrocinen campañas electorales.
Resulta inaceptable que, después de múltiples oportunidades para cumplir la ley, se eliminen las sanciones para quienes decidieron ignorar su obligación en el plazo previsto. Presentar los informes y asumir las consecuencias por infringir la normativa son responsabilidades distintas; una no puede sustituir a la otra.
Con esta decisión, el Congreso Nacional envía un mensaje peligroso al país de que incumplir la ley no tiene consecuencias cuando se trata de la clase política.
Para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) esta decisión alimenta una cultura de privilegios incompatible con los principios de transparencia e integridad que Honduras necesita fortalecer.
