El Parlamento brasileño tumbó este martes un veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al principal punto de una ley que prohíbe las salidas temporales de los presos en régimen semiabierto, con lo que el proyecto volverá a valer y entrará en vigor tras su promulgación.
Una mayoría de los diputados y los senadores votaron a favor de anular el veto presidencial en una sesión conjunta que terminó infringiendo una nueva derrota al Gobierno de Lula frente a un Congreso dominado por fuerzas de derecha y centroderecha.
En otro revés para la actual administración, los legisladores también decidieron este martes mantener el veto del anterior presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, a un proyecto que tipificaba la divulgación de noticias falsas en campañas electorales y preveía penas de cárcel de entre 1 y 5 años.
Sobre el proyecto relacionado con la política penitenciaria, se eliminan de la Ley de Ejecución Penal las posibilidades de salidas temporales de los reclusos para visitar a la familia o para participar en actividades en pro de la reinserción social.
Solo se mantendrá ese beneficio para aquellos que tengan que salir de prisión para estudiar en algún centro de enseñanza secundaria, superior o para realizar algún curso de formación profesional.
El proyecto de ley había sido aprobado en marzo por el Poder Legislativo, pero Lula vetó el trecho específico que prohibía a los presos en régimen semiabierto aprovechar los días festivos para visitar a sus parientes o para actividades de resocialización.
Lo hizo con la venia de su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowksi, quien considera que la normativa viola principios constitucionales y tratados internacionales de los que Brasil es signatario.
Sin embargo, el diputado ultraconservador Kim Kataguiri, de União Brasil, partido de centroderecha que tiene representación en el Ejecutivo de Lula, defendió la anulación del veto.
“Desgraciadamente, en Brasil, delinquir sale rentable. El individuo sabe que no será castigado; si es castigado, sabe que el castigo será leve; y el índice de reincidencia es gigantesco”, aseguró.
El Gobierno ya rebatió esa tesis al afirmar que apenas un porcentaje mínimo de presos aprovecha esas salidas para huir, y advirtió que la promulgación del proyecto puede provocar rebeliones en el hacinado sistema carcelario brasileño, donde el crimen organizado tiene un enorme poder.
Prohíbe destinar dinero público al aborto y a la ocupación de tierras
El Congreso brasileño también anuló un veto de Lula da Silva a una disposición que prohíbe destinar dinero público a actividades vinculadas con abortos, cirugías de cambio de sexo en menores u ocupación de tierras privadas.
El artículo fue incluido por la oposición en la Ley de Directrices Presupuestarias aprobada en enero, pero fue vetado posteriormente por el presidente izquierdista.
La disposición, que ahora será válida, prohíbe el gasto gubernamental en la promoción o financiación de “cirugías de cambio de sexo para menores”, “abortos en casos no autorizados por la ley” y acciones con el objetivo de “extinguir el concepto de familia tradicional”.
También impide destinar recursos a “acciones tendientes a influenciar niños y adolescentes, desde la guardería hasta la escuela secundaria, a tener opciones sexuales diferentes del sexo biológico”, y a “la invasión u ocupación de propiedades rurales privadas”.
El veto fue anulado en la Cámara baja por 339 votos contra 107, y en el Senado por 47 votos contra 23.
El diputado Eduardo Bolsonaro (Partido Liberal), hijo del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y quien había propuesto la disposición, celebró su restitución.
“Esto significa varias vidas salvadas, menos posibilidades de invasiones y niños menos susceptibles a las inmundicias de la izquierda en guarderías y escuelas”, escribió en la plataforma X.
El veto fue anulado con el apoyo de los bolsonaristas y las bancadas evangélica y ruralista, la más poderosa en el Congreso.
El diputado oficialista Merlong Solano (Partido de los Trabajadores) calificó el artículo como “un atentado a la técnica legislativa” que no tiene “pertinencia temática” en una ley sobre el presupuesto.
En Brasil, el presidente tiene la potestad de vetar parcial o totalmente una ley tras su aprobación, bajo argumentos de ser inconstitucional o contraria a los intereses del pueblo.
El veto presidencial debe someterse de nuevo a una votación de las dos cámaras en sesión conjunta, que puede mantenerlo o anularlo con mayoría absoluta.
