El Centro Carter publicó el pasado lunes su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, y ratificó que el proceso “no cumplió con estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrático”.
El informe destaca que, a pesar de que el Acuerdo de Barbados estableció compromisos para mejorar las condiciones electorales, “el proceso electoral reflejó un claro sesgo a favor del presidente en ejercicio”.
Dicho sesgo se hizo evidente en el proceso de inscripción de candidatos, la exclusión de la mayoría de los votantes en el exterior y en las condiciones manifiestamente desiguales para la campaña.
El documento también señala que “la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y la aparente falsificación del resultado” hicieron que las autoridades venezolanas “siguieran siendo incapaces de cumplir varias condiciones fundamentales para una elección democrática”, entre ellas la existencia de un marco legal neutral, un organismo electoral imparcial, libertad de campaña y mecanismos efectivos para resolver disputas.
Irregularidades en el proceso electoral
Uno de los puntos clave señalados en el informe es la inhabilitación de líderes opositores, entre ellos María Corina Machado, quien ganó las primarias opositoras con más del 90% de los votos. Posteriormente, el CNE bloqueó sin explicación oficial la inscripción de Corina Yoris, lo que obligó a la oposición a postular a Edmundo González Urrutia en el último momento.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino al menos 15 partidos políticos, colocando en su dirección a figuras cercanas al chavismo, afectando la participación electoral de la oposición.
El informe señala que la dictadura chavista “utilizó de manera desproporcionada los recursos del Estado para favorecer la campaña del candidato oficialista”, lo que incluyó vehículos oficiales, programas sociales y medios de comunicación estatales.
También se documentó un ambiente de intimidación hacia la oposición. “Más de 130 activistas y candidatos fueron detenidos antes y después de la jornada electoral”, lo que generó un clima de miedo entre los votantes opositores.
El informe además menciona que la campaña mediática del régimen dominó el espacio informativo, limitando la visibilidad de la oposición y generando un acceso desigual a los medios de comunicación.
El Centro Carter destaca que “las dificultades para la inscripción en consulados, la falta de información accesible y las restricciones impuestas por el CNE contribuyeron a la baja participación de la diáspora”.
El informe también señala que la oposición publicó más del 80% de las actas de votación, mostrando que González Urrutia obtuvo 67,1% de los votos, mientras que Maduro apenas alcanzó 30,4%.
