Lo que inició con una denuncia pública del fiscal general Johel Zelaya el sábado 17 de agosto de 2024, en la que acusó a un juez en materia de corrupción y criminalidad organizada de utilizar su nombre y de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción para extorsionar a personas investigadas por delitos de corrupción, cuatro días después, ha escalado a los niveles más altos de la justicia y la política. Por supuesto, todo proceso, debe seguir el debido proceso, pero indistintamente de lo que suceda con la acusación que el fiscal general Zelaya le hizo al juez Vallecillo, la credibilidad del Poder Judicial ya fue golpeada.
No solo se trata de un juez, es un juez que pertenece a un circuito judicial que conoce de casos en materias de corrupción, crimen organizado, extorsión, y delitos ambientales. Y no solo eso, es el que coordina uno de los niveles jerárquicos del circuito judicial, el mismo circuito que conocería de los casos de corrupción que presentarían la CICIH y el Ministerio Público.
Ahora también se habla de que el caso extiende sus tentáculos hacia algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus familiares. La CSJ tiene casi año y medio de haber sido elegida para un período de siete años, con la expectativa de que no se repetirían los errores del pasado, y ya recibió su primer golpe reputacional. Las preguntas son: ¿habrá suficiente voluntad política para que se llegue a la verdad de los hechos y se acuse a todos los responsables en este caso? ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el fiscal general del Ministerio Público con la acusación? ¿qué tan profunda será la investigación que la presidenta de la CSJ ordenó al circuito judicial en materia de corrupción y criminalidad organizada?
Lo cierto es que el caso del juez Vallecillo pone de relieve lo importantes que son los criterios que se toman en cuenta para elegir a los magistrados de la CSJ, y después, a los jueces de los otros niveles jerárquicos del Poder Judicial. Incluso, al fiscal general del Ministerio Público. Todo es una cadena. Cada siete años los diputados del Congreso Nacional celebran que van a alcanzar acuerdos políticos para, ahora sí, elegir magistrados independientes. Luego se reparten el pastel en función del número de cargos que eligen. En el caso de la CSJ, la persona que ejerce la presidencia tiene el poder de nombrar jueces de los demás niveles jerárquicos del Poder Judicial. Si el nombramiento de arriba fue político, los de abajo también lo serán. Si no se consideran criterios para que las personas estén, no solamente preparadas para el cargo, sino que también sean imparciales, la justicia seguirá sometida a otros intereses, y no al servicio del pueblo hondureño. Y si las cosas continúan así, este caso no será la última pieza del rompecabezas que desfile en los tribunales de justicia, pero una golondrina no hará verano, ni para crear el problema, ni para resolverlo.
