El gobierno de Biden quiere poner fin parcialmente a un acuerdo, el Acuerdo Flores, que por 27 años ha brindado supervisión judicial sobre cómo el gobierno federal cuida a los niños migrantes bajo su custodia.
La solicitud a un juez de distrito presentada este viernes, se produce semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicara una regla propia, vigente desde el 1 de julio, que según el secretario Xavier Becerra establecerá “estándares claros para el cuidado y tratamiento de inmigrantes no acompañados”.
En una moción presentada en un tribunal federal de California, el gobierno argumentó que la supervisión judicial ha dejado de cumplir su propósito y que las nuevas regulaciones son una mejor solución para garantizar la seguridad de los niños.
Los grupos de defensa de los niños migrantes dicen que el Acuerdo Flores ha sido fundamental para garantizar condiciones seguras para los niños, especialmente en medio del aumento de las detenciones fronterizas en los últimos dos años, que incluyeron a casi 300,000 menores no acompañados.
¿Qué es el Acuerdo Flores?
El acuerdo de 1997 fue el resultado de más de una década de litigios entre abogados que representan los derechos de los niños migrantes y el gobierno de Estados Unidos por acusaciones generalizadas de malos tratos en la década del 80.
La demanda original fue presentada en nombre de cuatro adolescentes, incluida Jenny Lisette Flores, una joven de 15 años de El Salvador. La demanda detalla cómo Flores y los otros demandantes fueron retenidos por el gobierno durante largos períodos de tiempo, a menudo en instalaciones con adultos no emparentados, y no recibieron educación ni tratamiento médico adecuado.
El acuerdo estableció normas para la detención, el tratamiento y la liberación de menores. Ordena que los niños migrantes sean entregados sin demora necesaria a la familia, a un programa de bienestar infantil o a un adulto que solicite la custodia si la reunificación familiar no es posible.
La gran mayoría de los niños liberados en tales casos van a parar a casas de familiares cercanos mientras sus casos de inmigración están en curso.
Si la liberación no es posible debido a preocupaciones de seguridad, el acuerdo dice que los menores deben ser retenidos en el ambiente menos restrictivo que sea apropiado.
El acuerdo también establece estándares sobre cómo los refugios autorizados deben proporcionar alimentos, agua, supervisión de un adulto, servicios médicos de emergencia, baños, lavabos, control de temperatura y ventilación.
