El Observatorio Político de Mujeres en Honduras documentó 74 casos de violencia política contra las mujeres entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, de los cuales el 85,1 % ocurrió durante el ejercicio de un cargo o funciones de liderazgo, según un informe presentado este jueves en Tegucigalpa.
El tercer informe nacional, titulado ‘Violencia política contra las mujeres en Honduras: tendencias, desafíos y hallazgos estratégicos’, reveló además que la violencia digital estuvo presente en el 67,6 % de los casos, que el 63,5 % afectó a mujeres vinculadas a partidos políticos y que el 71,6 % de los agresores identificados fueron hombres.
Aunque el 62,2 % de las mujeres afectadas presentó denuncias, el estudio advierte que persisten obstáculos como la desconfianza institucional, el temor a represalias y la percepción de impunidad.
El acoso se profundiza en el poder
La coordinadora del Observatorio Político de Mujeres, Jessica Sánchez, afirmó a EFE que esta violencia no se limita a los procesos electorales, sino que se mantiene e incluso se profundiza cuando las mujeres acceden a los espacios de poder.
«La violencia contra las mujeres en política no se acaba cuando asumen el cargo, sino que a veces se profundiza», subrayó Sánchez, quien denunció que los ataques se ensañan con la vida personal y la dignidad de las afectadas.
La experta alertó de que este fenómeno constituye «una violación» a los derechos humanos y «una amenaza» para la democracia, ya que busca limitar el acceso, la permanencia y el ejercicio efectivo del poder por parte de las mujeres.
Sánchez detalló que, después del ámbito digital, la violencia psicológica ocupa el segundo lugar en prevalencia, seguida de la física.
«Los contenidos que reciben las mujeres son de objetivación sexual, de cuestionar su sexualidad o la paternidad de sus hijos. Esto no pasa con los hombres. Simbólicamente, causa más impacto un golpe emocional o un golpe a la dignidad que un golpe físico», enfatizó.
La coordinadora del Observatorio vinculó directamente este fenómeno al machismo, al sistema patriarcal y al arraigo de «liderazgos caudillistas» en las comunidades locales.
Ante el acoso en redes y la suplantación de identidad, planteó la urgencia de diseñar un protocolo de atención para la violencia digital que instruya a las políticas sobre cómo protegerse y a qué instancias acudir.
Exigencia de reformas legales
El informe señala que la violencia política golpea de manera diferenciada a mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, con discapacidad, colectivos LGTBIQ+ y residentes en zonas rurales, donde convergen múltiples formas de discriminación que elevan «los riesgos y limitan el acceso a mecanismos de protección y justicia».
Ante este escenario, el Observatorio, impulsado por el Grupo Sociedad Civil (GSC) y organizaciones integrantes de esa plataforma, urgió la aprobación de una Ley de Violencia Política hacia las mujeres o, en su defecto, la inclusión de un apartado específico con sanciones severas dentro de las próximas reformas electorales.
Durante el evento, la plataforma socializó también la propuesta de una ‘Ruta de la Violencia Política contra las Mujeres’, una herramienta conceptual que visibiliza la evolución de las agresiones desde la descalificación inicial hasta el silenciamiento o la exclusión forzada.
