El Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) espera que el próximo viernes 31 de marzo se emita fallo condenatorio en contra de 12 personas ligadas a las actividades ilícitas del cartel de los extraditados hermanos Valle Valle, de lo que se deriva un monto blanqueado de más de 119 millones de lempiras (L.119,354,988.74).
Se trata de Tesla Danessa Ortega Valle, hija de Digna Valle Valle, así como de Amelia García, Juan Carlos Rosales García, Jorge Danilo Rosales García, Juventino Rosales Mejía, Bairon Javier Rosales García, Hudaldina Guerra Bueso, Karen Walkidia Moreno Chinchilla, Darwin Orlando Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales García, Lesly Sofía Espinoza Trigueños y René Isaac López Maury, capturados en el marco de la Operación Redada por lavado de activos y asociación para delinquir.
De acuerdo a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en fecha 22 de octubre del año 2015 se recibió denuncia anónima en la que se manifestó que el ciudadano identificado con el nombre de Rene López, quien era un agente inmobiliario y se dedicaba también a la compra, venta y cambio de automóviles, tiene relación con la organización de los hermanos Valle Valle (actualmente en prisión en Estados Unidos).
Posteriormente, en fecha 11 de febrero del año 2016 se recibió denuncia en la cual se establece que los señores Jorge Danilo Rosales García, Rene Isaac López Maury y Darwin Orlando Ramos Díaz se dedican a realizar actividades de tráfico ilícito de drogas la que trasladan desde Honduras a Guatemala, utilizando para ello puntos ciegos entre los dos países y que producto de las ganancias que les genera esta actividad han adquirido bienes muebles e inmuebles entre estos un autolote de nombre “NEKO”, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Copán.
Una tercera denuncia fue recibida en fecha 02 de junio del año 2016 en la Oficina Regional de la DLCN en San Pedro Sula y en la cual se refería a las actividades de lavado de activos realizadas por los denunciados.
Es así que las investigaciones de DLCN y FESCCO derivaron en la ejecución de la Operación Redada, mediante la cual el 13 de noviembre de 2017 se llevan a cabo las respectivas capturas y 19 aseguramientos de bienes a viviendas ubicadas en los municipios de Santa Rosa de Copán, Florida y El Paraíso, departamento de Copán, así como en Quimistán y San Marcos, departamento de Santa Bárbara.
Luego, el 22 de enero de 2020, el Ministerio Público amplió el caso con la puesta en marcha de la Operación Redada II, con la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 22 bienes muebles e inmuebles más, mismos que no tenían justificación legal ni económica su origen.
Como se recordará, el juicio oral y público contra los capturados en la Operación Redada comenzó en el paso 2020, sin embargo, por la pandemia por COVID-19 se postergó por disposiciones de la sala I del tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal.
