Hace once meses Juan Reyna salió de su casa de Texas para hacer un trabajo de construcción. Y ya no regresó más.
El inmigrante mexicano lleva casi un año detenido en un centro de detención de las autoridades migratorias estadounidenses a pesar de los esfuerzos de activistas por liberarlo. Estos aseguran que su detención no cumple con las normas actuales del gobierno del presidente Joe Biden de sólo detener a inmigrantes que representan un peligro para la sociedad o que cruzaron la frontera ilegalmente recientemente.
Kathrine Russell, abogada de Reyna en el grupo RAICES, dijo que el mexicano fue arrestado el 14 de enero, justo antes de que Biden llegara a la Casa Blanca. Biden se postuló a la presidencia con posturas más compasivas que su predecesor Donald Trump respecto a inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal.
“Pensé que después de que Biden empezara en el poder, (Reyna) sería liberado de forma bastante rápida,” dijo Russell a la AP. “Mucha gente fue liberada de forma rápida, pero por algún motivo, ICE (siglas de la agencia migratoria) lo sigue deteniendo y se niega a dejarle en libertad sin dar justificación.”
RAICES es una organización sin ánimo de lucro que ofrece asistencia y defensa migratoria gratuita a inmigrantes.
Según Russell, Reyna, de 48 años, salió en su camioneta a hacer un trabajo de construcción con tres hombres más. Alguien les vio y llamó a las autoridades diciendo que veía a inmigrantes que probablemente estaban en Estados Unidos ilegalmente. La patrulla fronteriza paró la camioneta y les detuvo.
En el vehículo encontraron una pistola descargada. Reyna asegura que no es suya, dijo Russell. Las autoridades migratorias no han presentado ningún cargo criminal contra el mexicano.
Según Russell, Reyna llegó a Estados Unidos a finales de la década de 1990. Aproximadamente en el año 2000 fue detenido por un delito menor y enviado a México de forma voluntaria.
“No fue una deportación. Lo mismo ocurrió en el 2009, después de que hubiera una redada en el lugar en el que vivía. Pero, de nuevo, tampoco eso fue una deportación”, dijo la abogada.
A finales de noviembre entraron en vigor nuevas normas bajo las cuales agentes de inmigración deben tener en cuenta factores como los años que lleva un inmigrante en Estados Unidos, sus aportaciones o si tiene familia en el país antes de considerar su deportación. Las nuevas normas insisten en que sólo los inmigrantes considerados peligrosos serán la prioridad a la hora de detener y deportar.
Reyna está casado con una inmigrante mexicana y ayudaba a mantener a los dos hijos pequeños de ésta en la casa en la que todos vivían en Texas.
RAICES ha entregado a la agencia migratoria ICE (Immigration and Customs Enforcement) más de 200 cartas pidiendo la liberación de Reyna. Russell solicitó de varias formas legales la liberación del mexicano y, ante la negativa a liberarlo, interpuso una demanda contra la agencia migratoria.
Portavoces de ICE dijeron a Associated Press que los procedimientos en las cortes migratorias prosiguen para Reyna. No dieron ningún otro detalle o explicación sobre el caso.
ICE mantenía a principios de diciembre a casi 22.000 inmigrantes detenidos, lo que representa una sustancial reducción en comparación con los 27.000 que tenía en junio, debido ahora a estancias más cortas en detención, asegura la Transactional Records Access Clearinghouse, un centro de análisis de datos de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
Jacinta González, una organizadora en Mijente, un grupo nacional de defensa de inmigrantes, aseguró que las nuevas normas migratorias otorgan demasiado poder a los agentes de inmigración, quienes siguen sin reconsiderar casos de migrantes que llevan demasiado tiempo detenidos.
González mencionó el caso de Enrique Cristóbal Meneses, un mexicano que lleva 1 año en detención migratoria después de que el gobernador de California Gavin Newsom conmutara su sentencia en noviembre del 2020. El mexicano ya había pasado años en una cárcel estadounidense por cargos de intento de asesinato.
“Lo que estamos viendo es que los agentes de ICE, aunque es una guía (normas) nueva, están tomando las mismas decisiones, y la gente en Washington, que debería estar supervisando y revisando cómo se implementa el memorandum (las nuevas normas), no han creado un programa comprensivo de revisión de casos,” dijo González.
