Un juez federal de California impidió el domingo que las reglas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, las cuales permitirían que más compañías decidan dejar de proporcionar métodos anticonceptivos gratuitos, entraran en vigor en 13 estados y en Washington D.C.
El juez Haywood Gilliam concedió una solicitud para una orden judicial preliminar presentada por California, otros 12 estados y Washington D.C.
Los demandantes pretendían evitar que las reglas entraran en vigor el lunes como estaba programado mientras la demanda continúa su proceso legal, pero Gilliam limitó el alcance de su decisión a los estados denunciantes y rechazó la solicitud que le hicieron para que bloquee las reglas a nivel nacional.
Los cambios permitirían que más empleadores, incluyendo las sociedades que cotizan en la bolsa, decidan no proporcionar cobertura de anticonceptivos gratuita con base en objeciones religiosas. Algunos empleadores privados también podrían rehusarse por motivos de tipo moral.
California y los otros estados argumentan que las mujeres se verían obligadas a recurrir a programas financiados por el estado para obtener métodos de control natal y tendrían embarazos no deseados.
“La ley no puede ser más clara: los empleadores no deben interferir en las decisiones de salud de las mujeres”, dijo el secretario de Justicia de California, Xavier Becerra, en un comunicado.
“El fallo de la corte frena hoy un nuevo intento por parte del gobierno del presidente Trump por obstaculizar el acceso de las mujeres a los cuidados reproductivos básicos. Estamos en 2019, y sin embargo el gobierno de Trump sigue intentando malograr los derechos de las mujeres. Nuestra coalición seguirá luchando para garantizar que las mujeres tengan acceso a la atención de salud reproductiva que les garantiza la ley”, agregó.
El Departamento de Justicia federal señaló en documentos presentados ante la corte que las reglas “protegen a una estrecha clase de opositores sinceros por motivos morales y religiosos de verse obligados a facilitar métodos que van en contra de sus creencias”.
El punto central de la disputa es un requerimiento incluido en la ley de salud del presidente Barack Obama de brindar cobertura de anticonceptivos sin costo adicional, la cual incluía exenciones para las organizaciones religiosas. El gobierno de Trump amplió dichas exenciones y añadió “convicciones morales” como base para decidir no proporcionar servicios de control reproductivo.
Gilliam dijo el viernes durante una audiencia que los cambios resultarían en un “número importante” de mujeres que perderían cobertura de control natal, lo que resultaría en “un cambio radical de política”.
El juez había bloqueado previamente una versión provisional de las reglas, decisión que fue ratificada por un tribunal de apelaciones en diciembre pasado.
