Estados Unidos anunció este martes que no dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros a Cuba y Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas.
En un memorando dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, y difundido por la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la determinación «con respecto a los esfuerzos de los Gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas».
Entre otras, el memorando detalla que Washington «no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria» durante el año fiscal 2022 (octubre 2021-septiembre 2022).
La medida se mantendrá en vigor «hasta que dichos Gobiernos cumplan con los estándares mínimos» de la Ley de Protección de Víctimas de Trata «o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos».
Además, Biden instruyó a los representantes de EE.UU. en cada banco multilateral de desarrollo que «voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución» que no esté dirigido a asistencia humanitaria, relacionada con el comercio o a ayuda para el desarrollo.
Los afectados por esa directriz son Afganistán, Birmania, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.
También el líder estadounidense determinó que no se suministrará «asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio» a Afganistán, Birmania, China, Comoras, Guinea-Bissau, Irán y Sudán del Sur.
Quedaron excluidos de esas medidas por «interés nacional», entre otras razones, Argelia, Malasia, Turkmenistán y Venezuela.
En el caso de Rusia y Eritrea se concedió una «exención parcial» que permite la financiación de programas educativos y de intercambio cultural dirigidos a funcionarios o empleados de esos Gobiernos.
Con información de EFE.
