El Departamento de Justicia de EE.UU. ha modificado las reglas federales que rigen los metodos de ejecución para permitir una gama más amplia de métodos, incluidos los pelotones de fusilamiento y la electrocución, a medida que aceleran una serie de ejecuciones programadas en los últimos días de la Administración Trump.
La enmienda ingresó en el Registro Federal el viernes, permitiendo al Gobierno “mayor flexibilidad” para ejecutar la pena capital utilizando cualquier método “prescrito por la ley del estado en el que se impuso [una] sentencia”.
Si bien la inyección letal sigue siendo el medio de ejecución más común, y anteriormente el único permitido por las regulaciones federales, las nuevas reglas se adaptarán a los estados que permitan métodos alternativos, incluida la muerte por electrocución, gas nitrógeno, ahorcamiento o fusilamiento.
El cambio de las reglas fue propuesto inicialmente en agosto, y el Departamento de Justicia aceptó comentarios públicos durante solo 30 días, la mitad del período normalmente asignado. Y a principios de este mes, aprobó una revisión de la Casa Blanca.
Antes de que el presidente Donald Trump deje el cargo a fines de enero, están programadas ejecuciones de cinco prisioneros federales. Si embargo, no se espera que las nuevas modificaciones afecten sus casos, y cada uno de ellos recibirá una inyección letal.
Aunque los gobiernos estatales suelen sentenciar a muerte a los reclusos cada año, las ejecuciones han sido mucho más raras a nivel federal, con un total de solo 45 desde 1927, según la Agencia Federal de Prisiones.
Antes de que Trump asumiera el poder, la última ejecución federal se llevó a cabo en 2003 (la de Louis Jones, condenado por secuestro y asesinato), pero la actual Administración ha revivido la práctica. El Gobierno ha autorizado la pena capital para 15 reclusos solo en lo que va de 2020, incluidos los cinco que siguen detenidos.
El presidente electo Joe Biden ha prometido poner fin a la pena capital por delitos federales, afirmando que su Administración no aprobará ninguna ejecución, lo que significa que el cambio de reglas del viernes nunca se pondrá en práctica.
Esa postura refleja los crecientes llamamientos de otros demócratas para abolir la pena de muerte por completo, argumentando que la práctica es cruel y arcaica.
