Ecuador elige este domingo quién gobernará el país durante los próximos cuatro años en medio de la peor crisis de seguridad y violencia de su historia, como pone de manifiesto que en los primeros meses de 2025 se registra una media de un homicidio por hora, pese a que desde hace un año se encuentra en una «guerra» contra el crimen organizado.
Esta declaración de guerra la hizo el presidente Daniel Noboa, quien se presenta a la reelección el próximo domingo y que ha llevado a los militares a las calles y cárceles para tratar de frenar la violencia.
En febrero de 2025, el país registró 736 homicidios y en enero, otros 793, según cifras oficiales, lo que supone un preocupante repunte de la violencia ad portas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a las que también concurre la aspirante correísta, Luisa González.
Esta nueva arremetida de la violencia se da después de que con la declaración del «conflicto armado interno», en 2024 se produjera una disminución del 15 % respecto a 2023, año en el que Ecuador fue el país más sangriento de Latinoamérica, con una tasa de casi 47 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Para el analista en seguridad Luis de Guzmán, la declaración de guerra de Novoa fue «muy útil», ya que el país experimentaba una «tendencia creciente de la violencia y criminalidad».
El crimen organizado
Los asesinatos ya no sólo eran «entre bandas criminales», sino que se registraban ataques contra las fuerzas de seguridad, instituciones públicas y contra civiles, por lo que era necesario «tener una respuesta más contundente», sostiene.
«Convirtieron las calles de Ecuador en el escenario donde ellos (el crimen organizado) desarrollan sus guerras y todos sus negocios ilícitos. Esto generó una guerra urbana, que es distinta a las otras, porque el enemigo se mimetiza dentro de la sociedad. El enemigo está entre nosotros mismos», señala el también especialista en seguridad ciudadana.
Según De Guzmán, esta estrategia debe seguir, pues ha logrado «amortiguar temporalmente la violencia». Pero considera que ha llegado el momento de que haya más inversión tecnológica y armamentística para las fuerzas de seguridad, mejor trabajo de inteligencia y un «golpe a la estructura financiera» de las bandas.
