La Asamblea de Ecuador dijo el jueves que no es competente para autorizar o rechazar un pedido de la justicia de procesar penalmente al expresidente Rafael Correa (2007-2017) por el caso de intento de secuestro a un legislador de oposición. Con ello queda en manos de la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, vincular al exmandatario al proceso judicial en curso.
La Asamblea adoptó tal decisión con 83 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones. Los restantes 39 asambleístas no estuvieron en la sala al momento de la votación.
El juicio, que adelanta la fiscalía, busca determinar al responsable del secuestro de un antiguo legislador de oposición, Fernando Balda, cuando se había refugiado en Colombia.
El fiscal general Paúl Pérez había pedido la vinculación de Correa, quien vive en Bélgica, aduciendo que “han aparecido datos de los que se presume la participación” del expresidente en tal delito que configuraría “un crimen de Estado”.
La situación comenzó hace seis años, cuando Balda era un duro crítico de la gestión de Correa, a cuyo régimen acusaba de corrupción, mientras que el exmandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.
Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo en agosto de 2012, pero se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron al vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.
Las investigaciones judiciales en ese país determinaron que tres agentes de inteligencia de la policía ecuatoriana habían contratado a delincuentes comunes, ahora todos en prisión, para secuestrar al exlegislador.
La fiscalía presume que se habrían utilizado fondos y funcionarios públicos aprobados por la presidencia de Correa para cometer ese acto ilícito.
En este caso están vinculados también el exdirector de inteligencia de la policía, general Fausto Tamayo, y el exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero.
