Disney ha intensificado su batalla con el Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central (CFTOD), regido por personas designadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, al presentar una demanda acusando al distrito de no cumplir con las leyes de registros públicos.
En la demanda, Disney afirma que el CFTOD ha incumplido su obligación de cumplir con las solicitudes de registros públicos, en particular al no responder a una solicitud hecha hace siete meses de correos electrónicos y mensajes de texto de los cinco miembros de la junta designados por DeSantis, según informa ABC News.
El gigante del entretenimiento afirma que esta falta de capacidad de respuesta viola la ley de registros públicos de Florida, obstruyendo su capacidad para comprender las acciones y decisiones tomadas por el gobierno del distrito.
La acción legal de Disney busca una intervención judicial para revisar documentos supuestamente exentos, confirmar la violación de la ley por parte del distrito y ordenar la divulgación de los registros solicitados.
Esta acción legal intensifica una disputa ya acalorada sobre la gobernanza de Walt Disney World y se produce en medio de tensiones más amplias entre Disney y la administración de DeSantis.
Disney-DeSantis: Batalla por el control y la rendición de cuentas
La disputa entre Disney y las personas designadas por el gobernador DeSantis es parte de una lucha más amplia por el control del distrito, que Disney había supervisado durante más de cinco décadas.
El conflicto estalló cuando Disney se opuso públicamente a la controvertida ley de Florida que restringía las discusiones en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género, lo que llevó a DeSantis y a los legisladores republicanos a tomar represalias instalando una nueva junta.
Esta demanda plantea dudas sobre las prácticas del distrito bajo su nueva administración, particularmente en lo que respecta al uso de direcciones de correo electrónico y mensajes de texto personales para asuntos oficiales y la preservación de estas comunicaciones.
La actual disputa tiene implicaciones más amplias para el distrito, ya que alrededor de 50 de aproximadamente 370 empleados se han ido desde la toma de posesión en febrero.
Este éxodo, destacado en la demanda, significa no solo una pérdida de décadas de conocimiento institucional, sino también preocupaciones sobre la futura eficacia y reputación del distrito.
Mientras Disney continúa desafiando la gobernanza y la transparencia del distrito, la disputa se ha vuelto emblemática de problemas más amplios relacionados con la influencia corporativa, la responsabilidad gubernamental y las represalias políticas.
A penas en junio, Ron DeSantis pidió a un juez federal que desestime otra demanda de Disney en su contra.
La moción presentada por los abogados del gobernador DeSantis argumentaba que Disney “carece de legitimación para demandar” porque no ha establecido una lesión que pueda rastrearse hasta el gobernador.
Esta última acción legal de Disney contra el Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central subraya la brecha cada vez más profunda entre el gigante del entretenimiento y la administración de DeSantis.
Al alegar violaciones de la ley de registros públicos, Disney no solo busca acceso a documentos específicos; está desafiando la integridad operativa y la transparencia del distrito bajo su nuevo liderazgo.
A medida que avance la demanda, no sólo determinará el destino inmediato de las solicitudes de Disney, sino que también sentará un precedente sobre cómo las entidades gubernamentales administran y divulgan registros públicos, reflejando la conversación nacional más amplia sobre transparencia, gobernanza y responsabilidad política.
