¡Solo son casaca! Los diputados del Congreso Nacional aseguran estar de acuerdo con la derogación del decreto 116-2019 en la que se encuentra el polémico Fondo Departamental, que también es una exigencia internacional para que se anule.
En el Congreso Nacional nadie quiere hablar de la derogación del decreto 116-2019, una normativa que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos, en confabulación con oenegés fantasmas, y cuya eliminación ha sido una de las sugerencias realizadas al Gobierno por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la eventual instalación de una Comisión Internación contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
En Honduras, a los diputados se les permite gestionar proyectos sociales, esto a través de la figura del Fondo Departamental. Y, aunque durante esta legislatura no se aprobó ninguna asignación presupuestaria en ese concepto, después de la ampliación del presupuesto general de ingresos y egresos, aprobada por la Secretaría de Finanzas, sí está contemplada la gestión de proyectos por parte de los legisladores, pero ahora bajo el argumento de que los fondos no serán administrados directamente por ellos, sino que por el Poder Ejecutivo.
Los diputados del Partido Liberal y del partido Salvador de Honduras (PSH) aseguran estar listos para votar contra el Fondo Departamental, pero en la sesión legislativa de hoy se evidenciará quienes están de acuerdo en combatir la corrupción.
