El ministro de Interior de Chile, Rodrigo Delgado, afirmó el jueves que el despliegue de unos 900 militares en provincias del sur chileno busca asegurar la vida de sus habitantes, amenazada por atentados de grupos violentos que, en ocasiones, son reivindicados por colectivos de indígenas mapuches que pelean por la devolución de tierras ancestrales.
Los militares fueron enviados a cuatro provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, en virtud de un estado de emergencia vigente desde esta jornada y por los próximos 15 días, renovables por igual periodo sólo con la autorización del Congreso.
La presencia de las patrullas de soldados y de tanquetas blindadas se observaban en las provincias de Cautín, Malleco, Biobío y Arauco, donde los jefes militares designados, un almirante y un general, están facultados para restringir las libertades de reunión y de movilización.
Delgado dijo en rueda de prensa desde Lebu, 650 kilómetros al sur, que según el diagnóstico del gobierno, “la convivencia diaria, la convivencia pacífica en estas provincias está amenazada por grupos minoritarios pero que hacen mucho daño”. Añadió que la mayoría de los habitantes en las zonas bajo el estado de excepción merecen y quieren vivir en paz, “pero hay grupos que optaron por la vía armada, por el crimen organizado, por el tráfico de drogas, por el robo de madera, por la quema de lugares públicos y privados”.
Entre el miércoles y el jueves, encapuchados incineraron una casa patronal, un par de camiones y de maquinaria agrícola, según informes policiales provenientes de La Araucanía.
La violencia en el sur, especialmente en esta zona, se arrastra hace décadas y los gobiernos democráticos electos desde 1990, tras el fin de la dictadura militar (1973-1990), han fracasado en sus intentos por frenarla a pesar de disponer de una fuerte presencia de la policía militarizada.
Algunos grupos radicalizados de mapuches han reivindicado decenas de ataques incendiarios a maquinarias agrícolas, camiones, iglesias y viviendas, entre otros, para exigir la devolución de las tierras de sus antepasados.
Héctor Llaitul, de la rebelde Coordinadora Arauco-Malleco, tras conocer la dictación del estado de excepción, dijo que “el gobierno está apagando el fuego con bencina”.
El presidente Sebastián Piñera justificó el martes el estado de emergencia por “la grave alteración del orden público” y el incremento de actos de violencia. Agregó que “en ningún caso de orienta en contra de un pueblo, de un grupo de ciudadanos”, en alusión a los mapuches.
El oficialismo de centroderecha aplaudió el estado de emergencia en Biobío y La Araucanía, al igual que lo hicieron dirigentes gremiales de la zona, mientras la oposición de centroizquierda la rechaza mayoritariamente, al igual que organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló en una declaración pública que la vía para resolver la situación es el diálogo y que el estado de sitio impuesto “es un fracaso del Estado” y de la sociedad chilena.
El 12% de los 19 millones de chilenos son mapuches descendientes del pueblo originario de Chile, que nunca fue conquistado por los españoles y sólo fueron dominados por el Estado chileno que, en el siglo XVIII, usó las armas para empujarlos hacia el sur, mientras chilenos y colonizadores se hicieron de sus tierras.
