Los principales partidos de la derecha tradicional chilena anunciaron este sábado que rechazarán en el plebiscito del próximo 4 de septiembre la nueva carta magna que una convención integrada en su mayoría por ciudadanos independientes está terminando de redactar.
Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, que integraron la coalición con la que gobernó el conservador Sebastián Piñera en su segundo mandato (2018-2022), decidieron sus posturas en distintos congresos celebrados este sábado, aunque no generaron sorpresa ya que desde hace semanas se intuía que iban a respaldar la opción del “Rechazo”.
“Chile merece una segunda oportunidad, lo que se ha acordado hoy en el Consejo General de la UDI es no aprobar lo mal hecho para volver a hacerlo bien, uniendo al país”, dijo en Twitter el presidente de la colectividad, Javier Macaya.
La convención, integrada por 154 ciudadanos en su mayoría independientes progresistas, está en la fase de “armonización” del texto y entregará el 4 de julio en una ceremonia oficial la propuesta final, que incluye derechos sociales como salud pública y universal, educación gratuita y de calidad, mejores pensiones, acceso a la vivienda y al agua.
La derecha tradicional, que apenas consiguió 37 escaños, alega que se trata de una norma “radical” y “excluyente”, discutida sin consenso.
Para Francisco Chahuán, líder de RN, el voto en contra de la propuesta constitucional servirá para defender “la libertad y las bases de la institucionalidad democrática”.
En Evópoli, en tanto, el senador Luciano Cruz-Coke aseguró: “lo que corresponde es que, si vamos a ser agentes de cambio y brindar esa prometida casa de todos, tiene que ser sobre una base bien hecha, que respete la historia republicana del país”.
Oficialismo le daría luz verde
El ultraderechista Partido Republicano, que no integra la coalición, decidió también a mediados de mayo rechazar el texto, mientras que el oficialismo se inclina por darle luz verde.
En caso de aprobarse en el referéndum, que es de participación obligatoria para todos los mayores de 18 años, la nueva ley fundamental sustituiría a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.
Chile inició en 2020 el proceso constituyente como la vía política para desarticular la ola de masivas protestas por la igualdad que comenzó en 2019 y dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos y removió los cimientos de Chile, uno de los países más estables de América Latina.
En un histórico plebiscito en octubre de 2020, casi un 80 por ciento de los chilenos se mostró a favor de cambiar el texto y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los constituyentes.
Gran parte de la sociedad vio el proceso constituyente como una oportunidad para cambiar el actual rol subsidiario del Estado, una visión compartida por el actual mandatario, Gabriel Boric.
Pese al entusiasmo inicial, la convención ha ido perdiendo adherentes con el paso de los meses por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de constituyentes ligados al estallido social.
Desde principios de abril, son varios los sondeos que colocan la opción del “Rechazo” por encima del “Apruebo”, aunque los expertos señalan que es demasiado pronto y que los escenarios están muy abiertos.
