El Departamento de Justicia de Puerto Rico sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el caso Roe contra Wade, al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto, no altera el estado de derecho vigente en la isla respecto a la práctica del aborto.
Mediante un comunicado de prensa, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, informó que no se “procesará a las mujeres o profesionales de la salud por la práctica” del aborto.
Agregó que “en el caso Pueblo vs. Duarte Mendoza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal. La revocación del caso Roe vs. Wade, por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tras concluir que no emana de la Constitución de los Estados Unidos un derecho al aborto, no tuvo el efecto de derogar esta normativa”.
Emanuelli se refirió específicamente al artículo 98 del Código Penal de 2012 que permite el aborto con indicación terapéutica realizada por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vistas a la conservación de la salud, tanto física como mental, o vida de la madre.
Con la decisión del Tribunal Supremo estadounidense, en adelante el derecho al aborto lo determinarán los estados a menos que el Congreso actúe. Casi la mitad de los estados ya han aprobado o aprobarán leyes que prohíben el aborto. Otros han promulgado medidas estrictas para regular el procedimiento.
En su página de internet, el Senado de Puerto Rico dio a conocer el 21 de junio la aprobación del proyecto 693 para establecer la Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad. Mediante esta norma “se presumirá viable todo concebido en el vientre materno de 22 semanas o más de gestación”, con excepción de algunos criterios que serán determinados por el médico.
“Esta presunción puede ser rebatida por un facultativo médico debidamente licenciado y autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, que mediante la implementación de las mejores prácticas de la medicina, en el ejercicio de su criterio médico, determine que dicho concebido no podrá sobrevivir independiente de su madre o que padece de una anomalía fetal incompatible con la vida”, dice parte del texto de la medida. Este proyecto pasó ahora a consideración de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que informó que lo evaluará en agosto.
Por su parte, Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, expresó este viernes mediante un comunicado que “es importante que se provea la mayor apertura para escuchar a todos los sectores, a favor y en contra, de las disposiciones de esta pieza legislativa. Espero que el proceso de discusión se dé en un marco de respeto y como gobernador analizaré con mucha sensibilidad lo que se apruebe en la Asamblea Legislativa”.
