En el país que está organizando Daniel Ortega y Rosario Murillo las organizaciones y personas que reciben fondos del extranjero, sea como donación o pago de servicios, deberán inscribirse ante el ministerio de Gobernación, reportarse cada mes para exponer y demostrar en qué se usará ese dinero. También, en ese país, una persona puede ser enjuiciada por atentar “contra la seguridad soberana” del Estado en redes sociales y, si un delito se tipifica como “crimen de odio” podría ser condenado a cadena perpetua. Nada de esto existe actualmente en Nicaragua, pero podría ser ley en los próximos días.
El parlamento nicaragüense discute en estos momentos un paquete leyes enviadas por Daniel Ortega, el cual, según los opositores, está dedicado con nombre y apellido contra ellos. Una de las leyes es la de “Regulación de Agentes Extranjeros”, otra la “Especial de Ciberdelitos” y la tercera una reforma constitucional que busca ampliar la pena máxima de 30 años vigente actualmente a “cadena perpetua”.
Con 71 de los 92 diputados, el Frente Sandinista, el partido de Ortega, controla totalmente la Asamblea Nacional y hasta ahora, en más de 13 años, nunca ha rechazado una iniciativa propuesta por Daniel Ortega.
Estas leyes se inscriben en una ofensiva mucho más amplia que incluye acoso fiscal a medios de comunicación y empresarios opositores y el incremento al asedio policial a ex reos políticos y líderes opositores, quienes son cercados en sus viviendas y lugares de reunión, o son perseguidos de forma ostensible por patrullas y paramilitares por donde se movilizan.
La ofensiva autoritaria de Ortega ha despertado las alarmas del gobierno de Estados unidos y de la Unión Europea, quienes han advertido de las consecuencias que tendría para Nicaragua la aprobación de esas leyes.
