Desde que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo abrió en 2021 las puertas del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino a la llegada masiva de vuelos chárter, se han multiplicado las llegadas a Managua desde países habitualmente no conectados con Nicaragua, como Surinam, Libia, Marruecos, Uzbekistán, India y Tayikistán. Eso, sin sumar los vuelos cargados de migrantes provenientes de Cuba, República Dominicana, El Salvador, Curazao y Haití, que fueron los primeros en usar esta ruta hacia Estados Unidos para evitar el paso por la selva del Darién. Según un cálculo del think thank El Diálogo Interamericano, fueron más de 1.000 entre mayo de 2023 y mayo de 2024.
En su mayoría, los usuarios de este trampolín migratorio habilitado por el régimen de Ortega y Murillo son cubanos, haitianos, africanos y asiáticos. El aparato sandinista no solo ha encontrado un lucrativo negocio en este trasiego de migrantes, según ha podido documentar EL PAÍS a través de impuestos y cobros extraoficiales, sino que Estados Unidos ha empezado a ver este flujo como una amenaza para su seguridad nacional. En noviembre de 2023, el Departamento de Estado lanzó una nueva política de restricción de visas “contra propietarios, ejecutivos y/o altos funcionarios de compañías que ofrecen vuelos chárter a Nicaragua, diseñados para ser utilizados principalmente por inmigrantes irregulares a los Estados Unidos”.
La política de Washington se amplió en febrero de 2024 ante la “tendencia creciente llevada a cabo por compañías de vuelos chárter que ofrecen vuelos cobrando precios de extorsión”. Si antes las restricciones solo aplicaban al transporte aéreo, desde esa fecha aplica también para el transporte marítimo y terrestre. Este 13 de junio, el Departamento de Estado anunció que impuso restricciones de visado a un ejecutivo de una empresa de vuelos chárter, sin detallar el nombre del sancionado ni de la empresa en cuestión.
Durante las dos primeras semanas del mes de junio, sin embargo, las autoridades estadounidenses capturaron en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles a ocho presuntos terroristas originarios de Tayikistán. Las fuentes de seguridad, citadas por NBC News, aseguraron que los detenidos tienen posibles vínculos con la organización terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), pero lo más llamativo del caso es que ingresaron a territorio norteamericano por la frontera sur durante el año 2023.
¿Tráfico de seres humanos?
El régimen sandinista ha hecho caso omiso a las advertencias de Washington y continúa con el tráfico migratorio. Manuel Orozco, experto en migración y analista de Diálogo Interamericano, asegura a EL PAÍS que ha logrado rastrear 1.150 vuelos chárter y “pseudo comerciales” entre mayo de 2023 y mayo de 2024. Calcula que un promedio de 200 pasajeros por vuelo ingresaron por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, es decir, alrededor de 200.000 personas en ese período.
Por ejemplo, en menos de un mes, entre mayo y junio, tres chárter cargados de migrantes arribaron a Managua desde Trípoli. El vuelo fue operado por un Boeing 777-200, el más grande de la aerolínea Ghadames Air. Esta compañía no opera vuelos directos a la capital nicaragüense, por lo que se trata de vuelos privados. Además, sus arribos al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino no quedan –ni son– registrados por la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales (EAAI).
Antes, en diciembre de 2023, un avión procedente de Dubái con destino final en Managua fue retenido en el aeropuerto de Châlons-Vatry (Francia). A bordo viajaban 276 pasajeros de nacionalidad india, del total de 303 pasajeros que pensaban aterrizar en Managua. El chárter fue retenido por los franceses por una denuncia de supuesto tráfico humano. Veinticinco de los pasajeros solicitaron asilo político a Francia, pero dos quedaron detenidos porque les encontraron miles de dólares en efectivo y pasaportes de otros migrantes. La versión de Francia es que los ciudadanos indios contrataron contrabandistas para llegar a Estados Unidos, usando como atajo Nicaragua.
Aparte de cubanos, haitianos, y africanos, en los últimos meses se ha visto saliendo de Managua con destino a la frontera sur de Estados Unidos, a través de Centroamérica, a cientos de migrantes de otras nacionalidades. Según datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras (INMH), solo en 2023 al menos 373 ciudadanos de Tayikistán ingresaron a su territorio a través de la frontera nicaragüense. Entre enero y mayo de 2024, otros 73 tayikos ingresaron a Honduras por la misma vía. Antes de 2022, los hondureños no registraban ingreso de ciudadanos de esa nacionalidad.
Orozco explica que otra forma de visualizar o dimensionar el flujo migratorio irregular es observando la diferencia entre las cifras de pasajeros que llegan a Managua y vuelven a marcharse. “La diferencia es negativa”, dice. “En 2023 hubo 890.000 pasajeros aterrizando en Nicaragua, 650.000 turistas extranjeros aterrizando por vía aérea, y 570.000 pasajeros saliendo todos en el mismo año. El promedio de estadía de los turistas internacionales es de siete días. Por lo tanto, hay un déficit de al menos 80.000 personas que no regresan por vía aérea, y un exceso de 890.000 personas que aterrizan en Nicaragua ese mismo año, en un país donde la emigración está en su tendencia más alta”.
Analistas políticos consultados bajo condición de anonimato coinciden en que los Ortega-Murillo supuestamente son parte de una red internacional “de tráfico de personas”. Otros, como el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, sostuvo en un artículo de opinión que Daniel Ortega “debería ser circulado internacionalmente como parte de una red internacional de traficantes de personas”.
“La dictadura de Nicaragua no solo no sella los pasaportes [de los migrantes], no entrega recibo [de los cobros], solo acepta dinero en efectivo de los migrantes irregulares […]. La propaganda en redes sociales en África y Haití para viajar a Estados Unidos vía Nicaragua es masiva. Lo que hace sospechar que Ortega no actúa solo”, denunció McFields.
“Provocar a Estados Unidos”
Orozco plantea por su parte que uno de los objetivos del régimen Ortega-Murillo es “provocar a Estados Unidos” al aumentar la carga de la capacidad administrativa de los migrantes que van llegando de la frontera sur, un tema peliagudo para los estadounidenses, sobre todo en año electoral.
“Ortega dijo que ellos iban a mandar migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, la motivación es fundamentalmente política e ideológica por el odio que Ortega tiene contra Estados Unidos. Ahora, las implicaciones son sustanciales. Una de ellas es la amenaza de la seguridad de Estados Unidos, la seguridad nacional, toda vez que el control que tiene Nicaragua sobre quien está llegando de esas nacionalidades es mínimo y ahí puedes llegar con un pasaporte falso y puedes ser un terrorista”, explica Orozco.
El investigador de Diálogo Interamericano dijo que Estados Unidos está investigando las diferentes opciones que tienen para proceder; eso incluye medir una respuesta con acciones más allá de las sanciones. “Lo que está tratando de determinar en este momento el Gobierno de Estados Unidos es el nivel de complicidad que tiene Nicaragua en todo el proceso del negocio de trasiego. Y si ellos detectan que Nicaragua no solamente estuvo facilitando los vuelos chárter, sino también que hay una red de operación a nivel nacional para transferir a estas personas hacia terceros países, pues realmente estás confirmando no solamente la captura de Estado, sino un Estado criminal bastante funcional. Drogas por un lado [a Rusia], trasiego de personas por el otro lado”, afirma Orozco.
El otro lado del trasiego: el negocio
Cuando un migrante irregular ingresa al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, los funcionarios les cobran en efectivo un monto de entre 150 y 200 dólares a cada uno para poder permitirles el ingreso. Sin embargo, no existe papeleo alguno del cobro del arancel; todo se hace sin dejar constancia de los pagos, según testimonios recabados por EL PAÍS.
Al salir del aeropuerto, los migrantes irregulares salen con destino hacia Honduras. Un reportaje del medio Divergentes reveló que en las afueras de la terminal aérea se amontonan a diario decenas de taxistas que ofrecen a los recién llegados trasladarlos a Honduras. “Fifty and (I’ll) take you to Honduras”, dicen en un inglés macarrónico los transportistas. Los taxistas aseguran que operan con la venia de las autoridades del aeródromo, a quienes le pagan una cuota por operar en el sitio.
En 2023, el régimen Ortega-Murillo recaudó 1.664 millones de córdobas por el cobro de “multas” a migrantes que van rumbo a Estados Unidos. El arancel de facto es encubierto bajo la categoría de “otras tasas de servicio”, y representó el 64,3% de los ingresos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), según un informe de ejecución publicado en abril de 2024.
El medio Confidencial aseguró que la DGME ha reportado un aumento sostenido en las recaudaciones de “otras tasas de servicios”, un rubro del cual no detallan su origen. “Este incremento ha coincidido, además, con el paso de miles de migrantes hacia Estados Unidos, así como la apertura de Nicaragua a ciudadanos de Cuba, Haití y naciones africanas, quienes usan al país como trampolín para llegar a territorio estadounidense. El monto de 2023 representa un récord en las recaudaciones de estas multas y es la primera vez que se superó la barrera de los 1.000 millones de córdobas. En 2022 y 2021, se embolsaron 966 millones y 608 millones de córdobas, respectivamente”, contabiliza el medio.
