El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA) enfrentará la próxima semana un desafío clave en la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, donde se celebrará una audiencia para decidir sobre un fallo del año pasado que detuvo nuevas inscripciones de dreamers.
Programada para el 6 de julio, la audiencia escuchará los argumentos de los abogados que representan a una coalición de nueve estados que demandaron DACA y que encabeza Texas, y del gobierno de Joe Biden, que respalda el programa activado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama.
A mediados de julio del año pasado el juez Andrew Hanen, de la Corte Federal de Distrito del Distrito Sur de Texas, mantuvo vigente el programa, pero suspendió el otorgamiento de nuevos permisos, situación que impide a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país obtener un amparo temporal de deportación y un permiso de trabajo renovable cada dos años.
En la actualidad DACA protege a unos 700,000 soñadores. Con la apertura de nuevas inscripciones el gobierno pretendía proteger a entre 100,000 y 200,000 indocumentados de los cuales unos 83,000 alcanzaron a presentar sus solicitudes, pero fueron frenadas por el dictamen de Hanen.
El máximo tribunal de justicia también dijo que el Ejecutivo no siguió los procedimientos re3queridos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y no sopesó adecuadamente cómo afectaría la finalización del programa a quienes llegaron a confiar en las protecciones contra la deportación y la capacidad de trabajar legalmente en Estados Unidos.
Golpe inesperado
El fallo de la Corte Suprema, sin embargo, no protegió del todo a los dreamers. Una corte federal del sur del país, que tenía en sus manos el futuro del programa luego de una demanda presentada en 2018 por nueve estados encabezados por Texas, ordenó en julio del 2021 que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía suspender inmediatamente el otorgamiento de nuevos permisos de trabajo soñadores que nunca se habían registrado.
Los detractores de DACA alegan que el programa usa recursos estatales para educación y salud, y viola la ley federal de inmigración.
El resto de las solicitudes, sin embargo, “siguieron siendo procesadas, no fueron afectadas por el dictamen”, dijo en ese momento Juan Escalante, director de campañas digitales de FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica.
En octubre la Corte de Apelaciones del 5º Circuito rechazó un primer pedido hecho por el gobierno de levantar las restricciones del programa demandado por la coalición integrada por Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Texas y West Virginia, todos ellos gobernados por republicanos.
“Se ordena que la moción opuesta de los Apelantes (el gobierno) de suspender los procedimientos adicionales en este caso hasta que se complete el procedimiento de reglamentación actual y la promulgación de la regla final sea NEGADA”, se lee en el fallo.
La audiencia
Completado el procedimiento de reglamentación tal y como lo estableció el fallo de la corte de Texas, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito escuchará entonces los argumentos de ambas partes para resolver la disputa legal, que mantiene estancada la aprobación de nuevas solicitudes del programa.
Desde que el juez Hanen decidió en en contra de DACA, el gobierno de Biden ha emprendido acciones para arreglar las fallas expuestas por los demandantes y con ello acabar con los argumentos de la coalición.
En septiembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una nueva iniciativa para mantener vigente DACA.
En la audiencia pautada para el miércoles la próxima semana, los abogados del gobierno de Biden y del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que representa a los dreamers, lidiarán con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el resto de los abogados de los estados demandantes.
Si el tribunal ratifica el dictamen de la corte inferior de Texas, el caso escalará a la Corte Suprema, batalla judicial que podría extenderse hasta finales del verano de 2023, advierten abogados.
Los beneficios
En los 10 años de vigencia de DACA, “más de 800,000 jóvenes indocumentados han sido protegidos por el programa y muchos han completado sus títulos universitarios, comprado casas, abierto sus propios negocios y han brindado estabilidad a sus familias”, se lee en un informe elaborado por United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de soñadores en el país.
Reconocen beneficios
“A medida que continuamos saliendo de una pandemia sin precedentes, no cabe duda de que la iniciativa DACA contribuyó a la supervivencia de nuestra nación”, dice Thomas A. Saenz, ppresidente y consejero general de MALDEF.
“Los sacrificios realizados por los beneficiarios de DACA en la primera línea de servicio a la comunidad brindaron un apoyo incalculable a una nación que enfrenta agitación política y negación politizada al enfrentar una amenaza mortal para tantos. Es por eso que en estos 10 años cobra tanta prominencia”.
aenz dijo además que “al mismo tiempo, nuestra nación debe lamentar que su liderazgo político no haya logrado, durante toda una década, brindar seguridad y apoyo a largo plazo a los beneficiarios de DACA a través de una legislación bipartidista para asegurar las contribuciones continuas de los beneficiarios al desarrollo, la seguridad y la economía de nuestra nación avance”.
“Sería una pena ver pasar otro año sin la promulgación de una ley federal que reconozca y proteja las contribuciones de los beneficiarios de DACA y millones de otros inmigrantes que diariamente apoyan a nuestra nación a través del trabajo duro y el compromiso. Los retrasos en la legislación son una amenaza constante para la seguridad nacional, la prosperidad económica y el principio moral de la comunidad”, indicó.
