Se habla de cárcel y multas económicas.
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo martes a los exfutbolistas del Real Madrid Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso por presuntamente defraudar a Hacienda, en sendos juicios en los que la Fiscalía solicita dos y cinco años de cárcel, respectivamente, y el pago de multas millonarias.
En el caso de Ronaldo, el jugador será condenado a esa pena de prisión y al pago 18,8 millones de euros en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía de Madrid y con Hacienda, por el que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014.
Distinto es el caso de Alonso, quien defiende su inocencia, por lo que no ha llegado a acuerdo alguno con la Fiscalía, que solicita cinco años de prisión por tres delitos fiscales entre 2010 y 2012.
Ambos futbolistas deberán acudir a los juicios, que tendrán lugar en las secciones 17 y 30 a partir de las 10 de la mañana.
De hecho, Alonso es el único de una larga lista futbolistas que en los últimos años han sido juzgados por fraude fiscal que se sentará en el banquillo de los acusados para defender su inocencia, pues desde el primer momento rechazó haber cometido delito alguno.
Se da la circunstancia de que Ronaldo actuó de la misma manera cuando en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón como investigado afirmó que “jamás” ocultó nada y que no “ha tenido intención de evadir impuestos”, si bien más tarde acabó aceptando el fraude fiscal por recomendación de sus asesores.
En el juicio de Ronaldo, que solo durará un día, el futbolista -que reside en Italia- deberá aceptar los hechos y aunque cabía la posibilidad de que declarase por videoconferencia -un rara avis en la justicia al ser el único acusado, pero con algunos precedentes en el caso de futbolistas- finalmente se sentará en el banquillo de la Audiencia de Madrid, han informado a Efe fuentes jurídicas.
La Fiscalía cifró en un primer momento en 14,7 millones de euros el fraude tributario y tras el acuerdo con Ronaldo lo rebajó a 5.7 millones de euros, si bien éste deberá pagar casi 19 millones entre intereses y multas.
De esta forma, el caso de Ronaldo se suma al de otros de futbolistas como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Angel Di Maria o Javier Mascherano, que también han incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y han llegado a acuerdos con la Fiscalía de cara a reducir posibles penas.
El Ministerio Público cree que el jugador portugués se aprovechó de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento “voluntario” y “consciente” de sus obligaciones fiscales en España.
Además, el Ministerio Público asegura que Ronaldo presentó en su declaración del IRPF de 2014 una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, cuando las rentas verdaderamente obtenidas fueron de casi 43 millones de euros.
Por último la Fiscalía señala que Ronaldo no incluyó “voluntariamente” unos ingresos que Hacienda cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020 llamada Adifore Finance LTD que sólo operaba para territorio español
En el caso de Alonso, además del jugador, serán juzgados el asesor fiscal Ivan Zaldúa y el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, Ignasi Maestre.
Al margen de los cinco años de prisión que pide para cada uno, la Fiscalía solicita una multa individual de 4 millones de euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria, pues esa fue la cantidad presuntamente defraudada más los intereses.
Según la Fiscalía, a mediados de 2009 los tres acusados se pusieron de acuerdo para articular una “aparente” cesión de la explotación de los derechos de imagen Alonso “con la intención de que el mismo obtuviera un beneficio fiscal ilícito“.
El 9 de agosto de ese año, el jugador, asesorado de forma “efectiva” por Zaldúa, suscribió un contrato por el que simulaba la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali en Madeira y cuyo administrador y gerente era Maestre.
Pero esa sociedad pertenecía a otra radicada en Panamá de la que Alonso fue titular del cien por cien de las participaciones sociales desde el 16 de diciembre de 2009.
La Fiscalía concluye que esa “aparente” cesión de los derechos de imagen se realizó cuando el futbolista gozaba de su condición de “no residente” en España (fichó en el verano de 2009 por el Real Madrid procedente del Liverpool), pero “mantuvo dicha estructura formal” durante los años siguientes y, “al menos hasta 2012”, teniendo durante ese tiempo la condición de residente fiscal español. FUENTE : https://www.rcnradio.com/
