El número de opositores y críticos con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua que se encuentran en las cárceles de ese país centroamericano subió de 64 a 78, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
En las cárceles de Nicaragua hay “78 personas reconocidas como presas políticas a la fecha: 12 mujeres y 66 hombres (incluyendo 10 presos políticos detenidos previo a 2018)”, incluido 14 de la tercera edad, indicó en un informe el Mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La cifra incrementó en un 21% en comparación con la anterior (64), agregó. Al 19 de junio pasado, ese organismo registraba 64 personas “presas políticas” en Nicaragua.
Entre los detenidos se encuentran 14 que habían sido excarcelados y que han sido capturados y judicializados nuevamente por motivos políticos, anotó el organismo.
Por otro lado, ese Mecanismo advirtió que continúa el “patrón represivo para la criminalización de la libertad de culto”.
“En el período que abarca este informe (entre el 20 de junio y el 31 de julio de 2023) se registró la captura de un sacerdote y al menos 10 personas pertenecientes a la feligresía y/o trabajadores de ONGs católicas”, sostuvo.
Entre los 78 opositores o críticos de Ortega que todavía guardan prisión se encuentra monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria” tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos en febrero pasado.
También el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión local, la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, y el dirigente estudiantil Jasson Salazar.
Los pueblos indígenas de Nicaragua, en tanto, también están sufriendo violaciones a sus derechos humanos a través de violencia y despojo de sus territorios, en lo que es necesaria la acción de la comunidad internacional.
Así lo denunciaron este viernes las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Right Livelihood en un pronunciamiento conjunto desde San José y Ginebra, en el que expresan su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan los pueblos indígenas nicaragüenses.
Las organizaciones afirman que “la violencia sistemática no cesa” contra los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y que desde 2015 se ha registrado un elevado número de actos de violencia por parte de colonos.
Además de los ataques violentos, se han producido invasión y apropiación de territorios y el incendio de las viviendas indígenas y sus cultivos, lo que “ha generado una crisis alimentaria y el desplazamiento forzado interno”, señala el pronunciamiento.
“Tan solo en el primer semestre de 2023 se han registrado los asesinatos de al menos 7 pobladores pertenecientes a dichas comunidades. Entre estos ataques también se encuentran abusos, secuestros, amenazas de muerte y violaciones sexuales”, aseguran CEJIL y Right Livelihood.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
