La Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde este viernes al expresidente Donald Trump para suspender el programa de parole humanitario conocido como CHNV, que había beneficiado a más de 532,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, permitiéndoles vivir y trabajar temporalmente en el país mientras tramitaban un estatus migratorio más permanente.
La decisión del máximo tribunal se emitió en una opinión breve, sin atribución a ningún magistrado en particular, como suele ocurrir en solicitudes de emergencia. Sin embargo, dos juezas liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, disintieron del fallo.
Jackson criticó duramente la decisión al afirmar que la Corte “falló claramente” en su evaluación sobre si el gobierno o los cientos de miles de migrantes sufriría mayores daños si se pone fin al programa mientras se resuelve su legalidad en tribunales.
La jueza advirtió sobre “las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere abruptamente la vida y los medios de subsistencia de casi medio millón de personas mientras sus reclamos legales siguen pendientes”.
Esta es la segunda vez en mayo que la Corte Suprema apoya medidas de Trump para revertir protecciones migratorias. El pasado 19 de mayo, el tribunal falló a su favor en un caso que dejó sin Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 300,000 venezolanos.
Fin de un refugio temporal
El parole CHNV fue creado para ofrecer un refugio temporal de dos años a migrantes provenientes de países golpeados por crisis económicas, de seguridad, políticas y sanitarias. Abogados defensores del programa advirtieron que su eliminación repentina convertiría en deportables a medio millón de personas que residen legalmente en EE.UU., calificando la medida como “el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna del país”.
Sindicatos y comunidades que han acogido a estos migrantes señalaron que ellos han ocupado puestos claves en sectores como la salud, la construcción y la manufactura. En una fábrica de autopartes, casi el 20 % de los trabajadores forman parte del programa, según datos sindicales.
Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que la presencia de estos migrantes va “en contra de los intereses nacionales” y que los tribunales no deberían interferir en decisiones de política migratoria respaldadas democráticamente.
La Casa Blanca bajo la administración de Biden había impulsado el programa como una forma de desalentar la migración irregular. Pero la administración Trump lo canceló alegando que había fallado como medida disuasoria y entorpecía la aplicación efectiva de las leyes migratorias.
Con esta decisión, el futuro de más de medio millón de personas queda en el limbo, mientras el gobierno continúa su cruzada por reducir la inmigración y acelerar deportaciones, incluso de quienes ya habían recibido permisos temporales para vivir y trabajar legalmente en el país.
