La corrupción sigue debilitando las instituciones en Honduras y profundizando la desconfianza ciudadana en el gobierno, revela un informe publicado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en su publicación sobre el Estado de País 2025.
El estudio advierte que la falta de voluntad política para combatir la corrupción ha permitido que este problema siga afectando la vida de la población más vulnerable.
Entre los hallazgos destaca que en 2024 la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue de apenas el 1.1 %, mientras que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó solo 154 auditorías, el número más bajo de los últimos años.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es el financiamiento insuficiente para las instituciones de control, que apenas representó el 0.4 % del Presupuesto General de la República entre 2022 y 2024.
Además, el Congreso Nacional ha acumulado 1,636 millones de lempiras en deudas sin liquidar, lo que representa el 30 % de su presupuesto actual.
El informe también señala que, pese a la creación del Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2023-2025 y la instalación de un sistema de denuncias con 130 reportes hasta la fecha, los resultados han sido insuficientes para frenar la corrupción.
Percepción de corrupción
La percepción de corrupción en la ciudadanía sigue siendo alta. Según un estudio del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), 7 de cada 10 hondureños creen que existe corrupción en las instituciones gubernamentales y los partidos políticos.
Ante este panorama, la ASJ instó al gobierno a fortalecer los mecanismos de control, garantizar mayor financiamiento a las instituciones de transparencia y priorizar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Asimismo, instó al Congreso Nacional a cumplir con sus funciones constitucionales con transparencia, reformar normativas internas que otorgan poder discrecional a la junta directiva.
