El primer ministro italiano Giuseppe Conte declaró este viernes ante la fiscalía de la ciudad de Bérgamo (norte), como parte de la pesquisa sobre su gestión de la crisis del coronavirus, informó su gabinete. El equipo de investigadores, liderados por la fiscal Maria Cristina Rota, lo escuchó “como persona informada de los hechos”, sin atribuirle algún delito.
El jefe de gobierno prestó declaración durante tres horas en la sede del gobierno en Roma, el Palazzo Chigi, dentro de la investigación abierta por el retraso a la hora de declarar “zona roja” a los municipios de Nembro y Alzano Lombardo, en la región de Bérgamo, en marzo, en plena expansión de la epidemia, que ha causado más de 34.000 muertos en todo el país. La fiscalía escuchó también el testimonio en la misma sede de la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, y del ministro de Salud, Roberto Speranza.
Se trata de establecer técnicamente quiénes eran los responsables de declarar las “zonas rojas” durante el inicio de la epidemia, lo que enfrenta al gobierno central con las autoridades de la región Lombardía. Durante toda la crisis sanitaria ha sido constante la disputa por la gestión de la epidemia entre la administración nacional, formada por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático (PD, centro-izquierda), y la lombarda, de la que depende Bérgamo y donde gobierna la derechista Liga.
Conte, que reconoció el pasado miércoles que tomó todas las decisiones “con conciencia”, ha asegurado en varias ocasiones que la Región Lombardía “contaba con todos los instrumentos” para actuar, como lo hicieron otras regiones. Tanto la asociación de familiares de víctimas del coronavirus como algunos partidos y sindicatos, atribuyen el retraso a que antepusieron los intereses económicos a los de la salud, ya que se trata de una próspera zona industrial, con más de 400 fábricas.
Los fiscales ya han hablado con el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, así como su asesor en esta crisis, Giulio Gallera, con quienes analizaron las decisiones tomadas a finales de febrero y la adoptada el 7 de marzo de cerrar toda Lombardía ante la rápida propagación del coronavirus. Además, tomarán declaración al director del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, y a Walter Ricciardi, asesor del Gobierno central.
Durante sus declaraciones, Fontana y Gallera defendieron que la decisión fue del Gobierno central, algo en lo que coincidió la fiscal adjunta de Bérgamo, Maria Cristina Rota, quien dijo que instaurar una zona roja era competencia de Roma. Por otra parte, familiares de víctimas de Covid-19 han presentado este miércoles denuncias particulares ante la Fiscalía. Todas ellas son miembros de la asociación Noi Denunceremo (Nosotros denunciaremos) creada en Facebook durante la pandemia.
En declaraciones delante de la Fiscalía, su presidente y fundador, Luca Fusco, ha explicado que buscan “verdad de lo ocurrido en Lombardía y no solo en Lombardía, para poder identificar a los responsables y tener justicia”. Los familiares también quieren reunirse con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, que visitará Bérgamo el próximo 28 de junio.
Fusco ha defendido que la zona debió cerrarse el 23 de febrero y no el 8 de marzo, como finalmente ocurrió. “Durante 15 días hemos viajado, trabajado, bebido café y tomado el aperitivo y en aquel punto el virus circuló sin problemas”.
“Estoy convencido de que si se hubiera cerrado rápidamente la zona roja de la provincia de Bérgamo quizá no habríamos tenido que cerrar toda Lombardía y probablemente habríamos evitado el confinamiento italiano”, sostuvo. “Nosotros no señalamos con el dedo a nadie, será la Fiscalía la que tendrá que depurar responsabilidades”, agregó.
