Desde los territorios manifestamos nuestra profunda preocupación por el rumbo que está tomando el país. Honduras enfrenta una violencia generalizada que no se resolverá con más criminalización, más militarización ni más leyes al servicio de los sectores históricamente privilegiados. La paz no puede construirse negando la desigualdad en el acceso a la tierra, protegiendo la agroindustria, ni persiguiendo a quienes siembran para subsistir y llevar comida a nuestras mesas.
Exigimos al Estado de Honduras:
- Investigar de forma pronta, independiente y exhaustiva la masacre ocurrida en Rigores, así como el patrón de ataques, amenazas y asesinatos contra miembros de cooperativas campesinas en el Bajo Aguán, garantizando verdad, justicia, reparación y medidas efectivas de no repetición para las familias y comunidades afectadas.
- Cesar toda narrativa oficial que criminalice a las organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y populares.
- Suspender la discusión y aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, y PRIORIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA GENTE!
- Derogar las reformas penales que puedan ser utilizadas para perseguir la protesta social y declarar como terroristas a luchadores sociales.
- Garantizar mecanismos democráticos de diálogo y resolución de la conflictividad agraria, con participación real de las comunidades y organizaciones territoriales.
- Desmantelar las estructuras armadas y criminales que operan en territorios en conflicto, investigando sus vínculos con actores económicos, políticos e institucionales.
Las comunidades campesinas, indígenas, garífunas y populares no son una amenaza para Honduras. Son quienes producen alimentos, sostienen la vida comunitaria, defienden la Naturaleza y mantienen viva la posibilidad de una democracia con justicia social.
