La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reaccionó con dureza al regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, al asegurar que su retorno representa una “prueba de fuego” para el sistema judicial del país.
En un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, sostuvo que la justicia hondureña deberá demostrar si actúa con independencia o si continúa protegiendo a quienes concentraron el poder, al tiempo que advirtió que “el acusado no está solo”.
DISCULPEN MI CASTELLANO
El acusado no está solo
Gabriela Castellanos
Abogada
La sombra más pesada que ha gravitado sobre la historia institucional de Honduras en el siglo XXI ha regresado. Juan Orlando Hernández no vuelve como el expresidente extraditado que abandonó el país rumbo a Estados Unidos, sino amparado por un indulto que sacude los cimientos de la geopolítica hemisférica y que coloca nuevamente a las instituciones hondureñas frente a un examen ineludible.
Aterriza con la confianza de quien parece convencido de que los pactos de élite pueden imponerse sobre la justicia. Lo recibe el delirio calculado de una multitud de simpatizantes del Partido Nacional, movilizada por la nostalgia del poder y una memoria convenientemente selectiva, dispuesta a vitorear al hombre que convirtió al Estado en una sucursal de intereses criminales. Su regreso no es únicamente un acontecimiento político; es una provocación a la conciencia nacional y, sobre todo, una prueba de fuego para los tribunales de la República.
La justicia hondureña nunca ha sido un templo de imparcialidad. Durante décadas ha sido disputada como un botín político, capturada por el poder de turno y sometida a los caprichos del tripartidismo, a causa de la complacencia de togados que decidieron cambiar la toga por la levita de los intocables.
Durante la década del “johismo”, el sistema judicial funcionó como un notario de la impunidad. Se blindaron los desfalcos, se legalizaron los atracos al erario público y se hostigó a la disidencia, mientras el andamiaje estatal se ponía al servicio de estructuras que hoy sacuden los estrados internacionales.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿puede ese mismo sistema, moldeado durante años por la subordinación al poder político, dictar sentencia sobre su antiguo jefe?
La respuesta solo la tiene el Poder Judicial que ahora enfrenta su realidad más cruda. Y tiene dos caminos:
El primero consiste en cerrar los ojos ante las carpetas de corrupción acumuladas, archivar los expedientes bajo presión y fingir amnesia colectiva para devolverle la libertad absoluta.
El segundo exige independencia, valentía y compromiso institucional. Significa investigar las denuncias pendientes, permitir que los procesos avancen conforme a derecho y demostrar que ninguna decisión adoptada fuera de nuestras fronteras extingue, por sí misma, las responsabilidades que la justicia hondureña aún deba determinar.
Si opta por el primer camino, estará certificando que en Honduras la justicia continúa siendo incapaz de enfrentar a quienes concentraron el poder, ratificando que las leyes son telarañas que atrapan a las moscas pequeñas y dejan pasar a las indómitas águilas del poder.
Y quienes hoy celebran en las calles confunden respaldo partidario con dignidad patria. Creen que el perdón obtenido en otras latitudes borra la devastación social desparramada en casa, pero se equivocan. El regreso de Juan Orlando Hernández no representa el triunfo de la inocencia, sino la reaparición de una deuda pendiente con la justicia hondureña.
Este retorno no es un parteaguas moral, sino el recordatorio más trágico de que en Honduras la historia no solo se repite como farsa, sino como una tragedia donde los verdugos siempre encontrarán magistrados dispuestos a firmarles la amnistía y demostrarles que el acusado no está solo.
