Ante el ultimátum lanzado por la presidenta Xiomara Castro al ministro de la secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, para acelerar los avances en obras de infraestructura a nivel nacional, representantes del sector construcción han salido al paso recordando que el Estado mantiene una deuda pendiente de más de 2,700 millones de lempiras con las empresas contratistas.
La advertencia presidencial, emitida durante la entrega del Bono Tecnológico en la ciudad de Danlí, presionó a Pineda ante los retrasos visibles en distintas zonas del país.
Los constructores aseguran que muchos de los trabajos están paralizados o avanzan a un ritmo lento debido a la falta de pagos por parte del gobierno, lo que ha generado problemas de liquidez, suspensión de personal y dificultades para adquirir materiales.
Algunos proyectos de carreteras, centros educativos y obras sanitarias están comprometidos por esta situación financiera, según advierten las cámaras del rubro.
A pesar de reconocer la necesidad de cumplir con los plazos y de la importancia de la inversión pública, el sector solicita al Ejecutivo honrar los compromisos previos antes de exigir resultados inmediatos. Consideran que sin resolver el tema presupuestario, cualquier presión adicional solo agrava la crisis y pone en riesgo la continuidad de obras clave para el desarrollo del país.
