Minutos después de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, resolviera la disolución del Congreso de la República, el Parlamento comenzó a discutir la vacancia en el cargo del mandatario ante la “incapacidad moral”.
“Los actos del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo referidos al proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional evidencian una conducta inmoral, pues degrada la dignidad de la más alta magistratura de la nación al promover e impulsar acciones que quebrantan el principio fundamental de la organización política de la República”, se lee en la orden del día.
El anuncio de Vizcarra llegó después de que el Congreso eligió a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin debatir el recurso constitucional presentado por el mandatario con el objetivo de intentar frenar ese proceso.
La cuestión de confianza proponía la modificación del proceso de elección de candidatos al TC, bajo el argumento de que, de lo contrario, no se realizaría de manera transparente. Vizcarra argumentaba que ante la mayoría opositora, ya que el fujimorismo tiene mayoría absoluta, en esa elección del Tribunal Constitucional los parlamentarios buscarían designar a magistrados “que respondan a sus intereses, que no son los intereses de la nación“.
“Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país”, manifestó el presidente en un discurso leído desde el Palacio de Gobierno.
Sin embargo, cuando Vizcarra se dirigía a la nación, el Congreso aprobó otorgarle la cuestión de confianza.
Argumentación
La Constitución Política de Perú establece en el artículo 113, inciso 2, que el ejercicio de la Presidencia vaca por su “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso“.
Según el documento emitido por el Congreso, la incapacidad moral se produce cuando “se pone de manifiesto una conducta reprochable que reviste gravedad, pero que escapa de los supuestos de la infracción constitucional y del juicio político”.
