A juicio de miembros de la Asociación para una Sociedad más justa (ASJ) las consecuencias a las reformas del código penal podrían convertir al país en una paraíso fiscal.
Las consecuencias son un retroceso a la lucha contra la corrupción y la transparencia en la investigación a los delitos de lavados de activos, señalaron.
Ahora, de someter una persona ante los tribunales, sera responsabilidad de las autoridades demostrar el origen ilícitos de dineros y bienes.
