A través de un comunicado, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se refirió al tema de la instalación de empresas en la zona protegida de Güisayote en Ocotepeque, esto a pesar de estar decretada como una reserva biológica.
En el texto, el CNA apunta que “el decreto 87-87 declaró el bosque nublado Güisayote en Ocotepeque como reserva biológica a perpetuidad. Aun conociendo que se trata de una zona protegida, por decisiones municipales y judiciales se permitió la instalación de una purificadora de agua, omitiendo el deber de velar por la protección ambiental”.
Aquí el comunicado:
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles un análisis detallado sobre los procesos de adquisición de medicamentos durante la emergencia sanitaria -declarada sin cumplir con los requisitos legales-. El informe revela inconsistencias, retrasos y sobrecostos por más de L 95 millones, afectando el suministro de medicamentos esenciales, la eficiencia, la transparencia y el derecho a la salud de la población más vulnerable.
Tras la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos en 2022, el gobierno ha gestionado las adquisiciones mediante compras directas bajo el marco de la “emergencia sanitaria”. No obstante, el análisis de ASJ destaca deficiencias significativas en estos procesos, incluyendo un aumento en los precios de al menos 30 medicamentos, lo que ha generado un sobrecosto superior a los L 95 millones, evidenciando la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad en los procesos de contratación.
En mayo de 2024, ASJ advirtió sobre los retrasos y riesgos de desabastecimiento debido a la falta de adjudicación y firma de contratos, específicamente en el proceso LPN-08-2023, que inició el 24 de octubre de 2023 y que según la Secretaría de Salud seguía en proceso para el 17 de abril de 2024. Con la participación de 36 empresas ofertantes, de los 383 medicamentos solicitados, sólo 252 fueron adjudicados a 21 proveedores, mientras que 34 partidas quedaron desiertas y 97 fueron rechazadas por incumplimientos técnicos, financieros o legales.
El análisis revela que 34 medicamentos esenciales, críticos para tratar condiciones graves como el cáncer y arritmias, entre otros, no fueron adjudicados, lo que representa un riesgo considerable para los pacientes que dependen exclusivamente del sistema público de salud.
Un aspecto clave del informe es la comparación de precios entre la licitación LPN-08-2023 y procesos de compra anteriores. El análisis reveló que, en comparación con la compra directa de 2022, el 52 % de los medicamentos se adquirió a un precio más alto. En relación con la compra directa de 2023, el 38 % de los medicamentos presentó un aumento por sobrecosto. Al compararse con el fideicomiso, el 42 % de los medicamentos también resultó más costoso.
Por otro lado, el plan de entrega de los medicamentos presenta demoras de acuerdo con los contratos firmados, con entregas fraccionadas en nueve momentos, lo que impacta en el abastecimiento de medicamentos esenciales para la población.
Ante estos hallazgos, ASJ insta a la Secretaría de Salud y a los entes contralores a investigar las razones detrás de la adquisición de medicamentos a precios elevados en comparación con otros procesos de compra realizados durante la presente administración. La ASJ también considera urgente abandonar las compras directas y retomar las licitaciones públicas conforme a la ley, para asegurar transparencia y eficiencia en la adquisición de medicamentos. Asimismo, recomienda implementar un sistema de planificación anual de compras que optimice los costos y garantice un abastecimiento constante.
Asimismo, urge iniciar en octubre de 2024 el proceso de compras de medicamentos para abastecer el próximo año 2025, replicando la buena práctica de planificación del año pasado.
