A dos meses de su realización, la consulta para revocar o no el mandato de Andrés Manuel López Obrador avanza entre controversias, pleitos institucionales y encuestas que anticipan el alto grado de aceptación que tiene el presidente mexicano pero, también, dudas sobre la asistencia que habrá en las urnas.
El próximo 10 de abril, en un inédito ejercicio de participación ciudadana, la sociedad mexicana podrá decidir por primera vez en la historia si quiere que el presidente de turno continúe o no con su Gobierno.
En este caso, se trata de López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre de 2018 para un periodo de seis años. Ahora, después de cumplir poco más de la mitad de su mandato, pondrá su cargo a disposición de lo que decida la ciudadanía.
Aunque la revocación de mandato fue una promesa permanente de su campaña electoral, sus adversarios critican la elección. Consideran que el presidente se empecinó en hacerla solamente porque sabe que cuenta con altos niveles de popularidad que superan el 50 %. Es decir, que su permanencia y el mayoritario aval ciudadano están garantizados.
Por el contrario, López Obrador defiende de manera insistente este ejercicio al considerar que ayudará a fortalecer la democracia participativa en el país. Y ahora, después de meses de polémicas en las que incluso se puso en duda su realización, la consulta es un hecho.
La pregunta
La revocación avanza entre la tensa relación que mantienen el Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente, quien ha ubicado al organismo en el sector de sus adversarios.
Las críticas de López Obrador se suelen centrar en el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y en el consejero Ciro Murayama. Por eso, todas las decisiones que han tomado alrededor de la consulta han sido denunciadas como ataques a la democracia.
En un principio, la consulta se programó para el 27 de marzo, pero el INE la pospuso al 10 de abril para ampliar el plazo de recolección de firmas ya que, para convocarla, se requería que fuera promovida por lo menos por el 3 % del padrón electoral, es decir, alrededor de 2,7 millones de personas.
A fines de diciembre, la organización Que siga la democracia, integrada por militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reportó que había entregado 9,9 millones de firmas, más que suficientes para validar este ejercicio.
El INE confirmó más tarde que había encontrado irregularidades en casi un millón de firmas, que iban de duplicaciones y defunciones, a personas que tenían suspendidos sus derechos políticos o con la credencial de elector vencida.
Pero la consulta siguió adelante, también, a pesar de que el organismo advirtió en diversas ocasiones que no contaba con el presupuesto necesario debido a los recortes al gasto público promovidos por el propio presidente, quien, a su vez, les exigió someterse al compromiso de austeridad del Gobierno.
El 4 de febrero, finalmente, el INE lanzó la convocatoria oficial en la que explicó que la ciudadanía sólo tendrá que responder a una pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?
Las personas que voten solo podrán tachar una de las dos respuestas que vendrán marcadas por incisos: a) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o b) Que siga en la Presidencia de la República.
La redacción fue criticada por López Obrador, quien la consideró confusa, pero la Suprema Corte de Justicia rechazó cualquier modificación.
El proceso
De acuerdo con la convocatoria, ni el presidente ni los partidos ni ningún tipo de organización podrá hacer campaña en medios de comunicación por la revocación durante estos dos meses. Solo el INE y organismos públicos locales promoverán la participación ciudadana, pero sin orientar las preferencias.
Por eso, desde la semana pasada el INE le prohibió a López Obrador que hable de la consulta en su diaria conferencia mañanera. Tampoco podrá difundir propaganda gubernamental en los medios, ya que ello implicaría una velada promoción para que la gente vote a favor de que permanezca en el cargo.
Para que la revocación se considere válida, se requiere que vote por lo menos el 40 % del padrón, lo que implica que tendrían que sufragar unos 37 millones de personas. Sería un récord, tomando en cuenta que es la primera vez que se lleva a cabo un ejercicio de esta naturaleza. Por eso, una de las principales incógnitas es cuánta gente participará.
Con información de RT
