La Comisión Técnica Liquidadora informó este miércoles sobre una nueva serie de irregularidades detectadas en el proceso de revisión de bienes y ejecución presupuestaria de la administración anterior, destacando anomalías en la adquisición, registro y uso de equipos tecnológicos, así como en el gasto de combustible y servicios durante el periodo electoral.
El coordinador de la comisión, abogado Ángel Antonio Mendoza, explicó que actualmente se desarrolla un proceso exhaustivo de identificación de activos que, pese a haber sido comprados, no fueron debidamente registrados en los sistemas institucionales.
Entre los hallazgos más relevantes, se evidenció la compra masiva de computadoras sin justificación clara, detectándose casos en los que empleados contaban simultáneamente con equipo de escritorio y laptops asignadas.
Asimismo, se identificó el uso indebido de estos dispositivos fuera del horario laboral para fines políticos. A esto se suma el alquiler de impresoras y el incremento de gastos en alimentación que no corresponden con actividades oficiales, lo que genera sospechas sobre su posible utilización en eventos ajenos a la función pública.
Otro de los puntos que ha llamado la atención es el aumento significativo en el consumo de combustible durante los meses previos y posteriores al proceso electoral, sin que exista una correlación con el uso de la flota vehicular institucional.
Las irregularidades han sido identificadas principalmente en áreas como planificación estratégica y unidades administrativas clave, donde se concentraba la ejecución de recursos. Igualmente, en la Red Solidaria y Proasol.
El abogado Mendoza indicó que toda la información recopilada está siendo remitida a los órganos contralores y al Ministerio Público, con el fin de determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Además, se realiza una auditoría integral para establecer qué procesos fueron pagados, cómo se ejecutaron y cuáles carecen de sustento legal, mismos que no serán reconocidos para pago.
La comisión también trabaja en el cierre administrativo de procesos pendientes desde 2022, en coordinación con otras instancias estatales y organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que acompañan las investigaciones y podrían presentar denuncias formales.
