La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México, impulsada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, comenzó en Arizona pese a la oposición de la Nación Indígena Tohono O’odham, que considera que el proyecto viola su soberanía.
Tohono O’odham cree que el nuevo tramo de muro amenaza el medioambiente y resulta innecesario ante la caída del «95 %» en las detenciones migratorias en ese sector.
«Siempre hemos protegido nuestra tierra, nuestra comunidad, mucho antes de que esta nación fuera establecida y aún hoy nuestro deber es seguir protegiendo la tierra», dijo a EFE Verlon José, presidente de ese territorio tribal, sobre el proyecto ‘Tucson 5’.
Por décadas, este resguardo indígena que comparte parte de la frontera entre Arizona y México se ha opuesto a la construcción de un muro físico dentro de su territorio, al considerar que afectará el tránsito de sus propios miembros, muchos de los cuales viven a ambos lados de la frontera y la cruzan con frecuencia para participar en ceremonias religiosas, peregrinaciones o visitar a familiares.
La comunidad también advierte que la construcción del muro podría destruir sitios ceremoniales considerados como «sagrados» y cementerios ancestrales.
La demanda contra el proyecto ‘Tucson 5’
La Nación Tohono O’odham interpuso una demanda contra el proyecto, al considerar que la construcción de una barrera de doble capa de acero y concreto, de unos 9,1 metros de altura, viola su soberanía al alterar los límites de sus terrenos, pero el pasado agosto una jueza federal en Washington falló en contra de la tribu al determinar que no pudo demostrar que el Gobierno de Trump estuviera violando su soberanía.
La decisión se basa en un decreto emitido en 1907 por el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que establece una franja de terreno de 18,3 metros de ancho a lo largo de la frontera con México, desde California hasta Nuevo México, considerada como «terreno de uso federal» con el propósito de combatir el narcotráfico.
Semanas después de ese fallo, contratistas y agentes armados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se presentaron de forma sorpresiva a finales de agosto dentro del territorio tribal.
