Los cultivos de hoja de coca en Colombia no parecen encontrar techo. El país ha alcanzado cifras nunca antes vistas en el área dedicada al producto base de la cocaína, con 230.000 hectáreas en todo su territorio. El Gobierno de Gustavo Petro, quien aboga por acabar con la fallida guerra contra las drogas, se enfrenta al desafío de reducir la mayor extensión de la que se tenga registro. En 2022, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), la medición oficial presentada este lunes en Bogotá, continuó una tendencia al alza con un incremento del 13% en la superficie total de narcocultivos, que por segundo año consecutivo alcanzó un máximo histórico. La producción potencial de clorhidrato de cocaína también aumentó un 24%, hasta 1.738 toneladas.
Norte de Santander, Nariño y Putumayo, tres departamentos fronterizos, concentran el 65% de toda la coca del país, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), encargada de elaborar el informe. Norte de Santander, donde se encuentra la región del Catatumbo, el mayor enclave productivo del país, colinda con Venezuela, mientras Nariño y Putumayo se ubican sobre la línea limítrofe con Ecuador. Tibú, en el Catatumbo, es de nuevo el municipio con más cultivos de coca de Colombia y del mundo, con 22.000 hectáreas, seguido por Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo). El alza está empujada por el incremento de cerca de 20.000 hectáreas solo en Putumayo. La medición se toma como la cifra oficial de Colombia, y ha quedado como la única referencia, ya que el informe anual que solía publicar Estados Unidos con una metodología diferente está de momento suspendido.
“Los grupos ilegales prefieren generar dinero en lugar de mantener el control territorial. Esto contribuye a que las zonas estratégicas donde los cultivos de coca se ubican sean donde se facilita la producción y tráfico, como las fronteras terrestres y marítimas de Nariño, Catatumbo y Putumayo”, explicó durante la presentación Candice Welsch, representante regional de Unodc para la región andina y el cono sur.
Extensión de los cultivos de coca en Colombia
Hectáreas de cultivos de hoja de coca en toda Colombia y en los departamentos fronterizos de Nariño, Putumayoy Norte de Santander (que concentran el 65% de todos los cultivos)
De acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci)
“Casi todo el incremento tuvo lugar en el departamento de Putumayo”, destacó a su turno el ministro de Justicia, Néstor Osuna, un hallazgo que muestra una tendencia a la estabilización en el resto del país. “Esa vieja idea del país inundado de coca no es cierta”, afirmó el ministro al referirse a la concentración de los cultivos en unos pocos departamentos.
Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor mundial de hoja de coca y de cocaína, se conocen justo cuando el Gobierno acaba de presentar su nueva política de drogas y ha convocado junto a México al resto de América Latina a replantear los esfuerzos antinarcótico. El Ministerio de Justicia define esos nuevos lineamientos como un esfuerzo por asfixiar a las mafias asociadas al narcotráfico y al tiempo darle oxígeno a los campesinos, con la llegada del Estado Social de Derecho a lugares donde nunca había llegado. La política se construyó mediante una serie de diálogos territoriales para escuchar a las comunidades.
“Este es un momento muy oportuno para pensar en estrategias nuevas. Vemos con optimismo que la política de drogas del Gobierno de Colombia, socializada hace dos días, contó con una construcción mucho más participativa, que acerca las perspectivas del Gobierno y la comunidad”, celebró Welsch. “Estamos en un momento estratégico para actuar con una nueva política de drogas”, coincidió el ministro Osuna, quien hizo un llamado para que los índices de éxito estén más relacionados con la disminución de la violencia y de la pobreza.
La nueva estrategia está diseñada para los próximos diez años, pero se propone reducir en cerca del 40% la producción de cocaína en los tres que le restan al Gobierno de Petro, así como apoyar a 50.000 de las aproximadamente 115.000 familias que viven del cultivo de coca para que transiten a economías legales. De las 90.000 hectáreas que plantea reducir, 69.000 se erradicarían de manera voluntaria y otras 23.000 forzosamente.
Petro insiste en la necesidad de cambiar el paradigma de la lucha antinacóticos desde su posesión, en agosto del año pasado. El primer presidente de izquierdas en la historia reciente de Colombia reclama al mundo un vuelco profundo. Ha pedido dejar de criminalizar a los eslabones más débiles, como los cultivadores, para enfocar los esfuerzos en golpear a las organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico. Sostiene que el poder de esas organizaciones ha crecido en toda la región y ha permeado a países como Ecuador, donde se ha disparado la violencia. La llamada guerra contra las drogas que cumple medio siglo ha provocado un “genocidio” en América Latina, con un millón de muertos, reiteraba el sábado en un discurso salpicado de críticas a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, en la clausura de la conferencia latinoamericana sobre drogas que convocó su Gobierno en la ciudad de Cali.
El crecimiento de los narcocultivos tensiona la relación entre Bogotá y Washington, socios en la estrategia antinarcóticos desde hace décadas y especialmente 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, han mostrado una tendencia al alza con algunas pocas excepciones. Luego de una leve reducción, el aumento de hectáreas y producción se ha disparado desde el año 2020.
Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento coincide con la búsqueda de la paz total, la política bandera de Petro, con la que busca negociar en simultáneo con distintos grupos armados. Varios se lucran del narcotráfico, entre ellos las desidencias de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del proceso de paz sellado a finales de 2016. Ese acuerdo de paz, que el Gobierno acoge como una hoja de ruta, incluye puntos sobre desarrollo rural y la solución al problema de las drogas.
En el frente internacional, Petro ha sumado respaldos. La lucha contra el narcotráfico necesita cambios profundos, como los que pide el presidente de Colombia, pues la política de la prohibición fracasó, han apuntado los líderes mundiales agrupados en la Comisión Global sobre Política de Drogas, a la que pertenecen, entre otras, los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos (2010-2018) y César Gaviria (1990-1994). También el Grupo de Puebla, que reúne a dirigentes progresistas de Iberoamérica, ha apoyado los esfuerzos por descriminalizar las drogas.
