Una vez más el Avión Presidencial de Honduras es tema de debate, luego que en la Primera Legislatura del Congreso Nacional fuera presentado un decreto que plantea su subasta.
El avión presidencial de Honduras fue adquirido en 2014 por alrededor de 14.7 millones de dólares, según el gobierno de dicho año, liderado por Juan Orlando Hernández, aunque con remodelaciones y equipamientos, ese monto puede haber sido mayor.
Con el paso de los años la nave ha perdido valor y el mantenimiento ha representado gastos significativos para el Estado, sin que hasta ahora exista un avalúo oficial reciente que determine su precio de mercado actual.
Durante su campaña, Castro prometió vender el avión como un gesto de austeridad y para destinar los recursos a educación, salud e infraestructura, pero esa venta no se concretó debido a trabas administrativas y problemas con la documentación legal del bien que imposibilitaron avanzar con una subasta.
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El director ejecutivo de Bienes del Estado, Luis Sosa, reconoció en agosto de 2025 que es “bastante difícil” que la presidenta Xiomara Castro cumpliera su promesa de vender el avión presidencial, debido a que la aeronave no ha sido incorporada como patrimonio del Estado por irregularidades en su documentación.
Según Sosa, el avión permanece en un hangar, deteriorado y sin uso, aunque recibe mantenimiento anual cercano a los 300 mil dólares, un gasto que el funcionario considera injustificado, mientras se busca un mecanismo legal para incorporarlo al patrimonio estatal y eventualmente proceder a su subasta.
En el contexto actual, el Congreso Nacional, bajo la presidencia de Tomás Zambrano, anunció que respondió a una solicitud del presidente electo Nasry “Tito” Asfura para autorizar la venta del avión presidencial por medio de una subasta internacional.
Zambrano reveló que Asfura lo llamó antes de la instalación de la primera legislatura para pedirle que transmitiera al pleno la urgencia de aprobar la medida, argumentando que “el lujo del poder no puede andar volando cuando existen tantas necesidades en nuestro pueblo”.
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La iniciativa ya fue planteada ante los diputados para su discusión y votación en las próximas sesiones, con la expectativa de que se dé luz verde a la subasta en corto plazo, lo que marcaría un avance sobre una promesa de venta que quedó pendiente en la administración saliente y sería retomada como una medida de austeridad y reasignación de recursos públicos por parte del nuevo gobierno y el Legislativo.
¿Pero se llegará a cumplir esta vez? El decreto ya fue presentado en el hemiciclo y, ahora, deberá tener el respaldo de la mayor parte de los parlamentarios para proceder con su venta.
