La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este martes (07.01.2024) al Gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una política de represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con «al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes».
El extenso reporte, que sale a la luz tres días antes de la investidura de Maduro para su tercer mandato, agrega que la reelección del líder chavista en medio de denuncias de fraude carece de «legitimidad democrática», destacando una política para «infundir terror» y «silenciar voces disidentes». El mandatario fue proclamado vencedor sin que se divulguen las actas, como ordena la ley.
«La opacidad electoral, y, en general, las restricciones a los derechos políticos (…) impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática», afirma la CIDH. El informe añade que Maduro no solo «ejecutó prácticas de terrorismo de Estado» para «impedir la participación política de la oposición», sino que también «implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder».
«Operación Tun Tun”
El informe advierte que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más represiva, tras la consulta. Fue tras las elecciones que el Gobierno puso en marcha la conocida como «Operación Tun Tun» en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que se desencadenaron en el país por «la percepción de fraude».
«Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión». Además, añade que «se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes».
La CIDH, que también denunció falta de separación e independencia del Poder Judicial, instó a la comunidad internacional «a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y a mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas» y pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que presentara formalmente «un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad».
