Aunque el informante se lleva una jugosa suma si tiene la razón, también hay duros castigos para los chismosos que solo buscan el dinero o dan datos falsos.
Delatar al vecino del que sospecha que ha contraído el COVID-19 y llevarse 10.000 yuanes (1.492 dólares) como recompensa forma parte de las prácticas que se incentivan en China para cortar la cadena de contagios.
Las delaciones, en su máximo apogeo durante los años de excesos de la Revolución Cultural (1966-1976), alcanzan sobre todo a términos de la China rural como el condado de Jingxiu en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín.
Allí, sus autoridades sanitarias presumieron hace unas semanas de su nuevo “sistema de castigos y recompensas” para que los residentes delatasen a “aquellas personas que no hayan informado, como se requiere, de su entrada a la localidad”.
“Quien dé pistas al Gobierno de contagios sospechosos y finalmente se confirmen como casos positivos, recibirá una recompensa de 10.000 yuanes”, reza una de las circulares de las autoridades locales.
“Hay que buscar a todos esos contactos cercanos, a los subcontactos, a quien deba estar en aislamiento y no lo esté o a quien haya entrado en el condado sin informar o sin un código QR de salud válido. Si los encuentra, recibirá su recompensa”, agrega el texto.
La misiva incide en “vigilar” a personal de seguridad, porteros de urbanizaciones, médicos, farmacéuticos o funcionarios, así como en estar alerta por si se celebran bodas y funerales sin avisar.
“Es nuestra responsabilidad”
Hace unos días en Chendai, una aldea de la provincia suroriental de Fujian, el señor Xie se embolsó 5.000 yuanes (709 euros, 746 dólares) por “consolidar la participación de las masas en la lucha contra el COVID”.
Xie denunció a su vecino Huang, quien viajó al pueblo desde Foshan -en la provincia aledaña de Cantón- en coche “sin informar de su regreso”.
“Había un riesgo de transmisión y es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, proveer pistas para protegernos a nosotros y a los demás. Los premios van a inspirar al resto a hacer lo propio para garantizar los logros alcanzados en la lucha contra la pandemia“, relataba el premiado tras recibir la recompensa, según la red de noticias local.
Huang, en cambio, fue enviado a aislamiento: según avisan varios Gobiernos locales de China, quienes sean castigados deberán rendir cuentas según la ley, que prevé prisión de hasta tres años para quien, “en violación de las regulaciones impuestas por los departamentos sanitarios, cause la transmisión de virus infecciosos”, y de tres a siete si la propagación es grave.
No obstante, para casos como ocultar un itinerario de viaje, “se aplica otra legislación de seguridad pública que incluye hasta 10 días de detención administrativa”, explica a Efe una abogada local experta en esta materia.
Aviso contra falsas denuncias
Pero no todo podían ser castigos, como muestra la retribución que recibió el señor Wang por “cooperar con las autoridades” al informar de que volvía al pueblo en un tren que transitaba desde la provincia oriental de Jiangsu, entonces zona considerada de riesgo.
¿El premio? No tener que costearse la cuarentena que las autoridades exigían a su regreso.
Aunque también hay “falsas denuncias” que los funcionarios tratan de atajar al exigir a los chivatos “autenticidad” en sus acusaciones.
Aquellos que denuncien a otros de forma “maliciosa” serán investigados y castigados, como le ocurrió en abril a un residente de la oriental Shandong que reportó -presuntamente, de forma errónea- positivos en su empresa, el Grupo Industrial del Aluminio Huajian, y acabó diagnosticado con “alucinaciones, depresión y ansiedad”.
Un portavoz de Amnistía Internacional indica a Efe que no es raro que la administración china recompense la delación: “Son iniciativas, por ahora, a nivel muy local. El Gobierno debería asegurarse de que las denuncias no se hacen de forma indebida y que tienen un alcance y plazo limitados. También debería ser capaz de demostrar si estas medidas se alinean con los estándares más actualizados y científicos de los derechos humanos”.
China, aferrada a una estricta política de “cero COVID”, lleva más de tres meses lidiando con rebrotes de la variante ómicron, con el caso más serio ilustrado por el confinamiento de la megalópolis de Shanghái (26 millones de habitantes) durante más de dos meses.
En Pekín, continúan los testeos masivos, las restricciones y también los correctivos administrativos, como los que se les aplicaron esta semana a varias personas por negarse a escanear códigos QR de salud o por tomar el transporte público pese a recibir una notificación de que debían guardar cuarentena en sus domicilios.
Además de incalculables pérdidas económicas y de mantener el país cerrado al exterior durante más de dos años, las duras medidas han provocado en los últimos meses muestras visibles de irritación y descontento en la población, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en mayo que son insostenibles y recomendó un cambio de estrategia.
Los portavoces del Gobierno chino, que destacan la superioridad del régimen comunista para lidiar con la pandemia en comparación con las cifras de fallecidos acumulados en Occidente, tacharon a la OMS de “irresponsable”, alegando que las medidas tomadas han logrado salvar millones de vidas.
