En el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, se desarrolló la Audiencia Inicial días atrás, sin embargo, ante la gama de medios probatorios, se suspendió quedando pendiente la resolución, la cual se dará este domingo 23 de octubre a las 9:00am, así lo informó el Poder Judicial a través de su red social Twitter.
En sus conclusiones y peticiones, la fiscalía solicitó que se le mantengan las mismas medidas cautelares a los imputados, entre ellas la restricción de la libertad al oficial policial Carlos Roberto Escobar Mejía, mientras la defensa demando la libertad para todos los agentes policiales.
En la presente causa, se le aplicó la medida cautelar de la detención judicial a Carlos Roberto Escobar Mejía a quien se le considera responsable de los delitos de asesinato, torturas, falsificación de documentos y mercantiles; y simulación de infracción inexistente en perjuicio de Wilson Ariel Pérez Hernández, la administración de justicia y la administración y la fe pública del Estado de Honduras.
Mientras, a Luís Armando Sauceda Santos y Bayron Patricio Zelaya Gálvez les aplicaron medidas cautelares distintas a la detención judicial en relación al ilícito penal de encubrimiento por asesinato en perjuicio de la administración de justicia. En los casos de Sauceda Santos y Zelaya Gálvez, también fueron sometidos en forma separada por los ilícitos de encubrimiento por asesinato y de torturas.
Y en el caso de Chelssi Patricia Sandres Hernández que fue sometida por falsificación de documentos públicos y mercantiles en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras.
En el caso de Carlos Roberto Escobar Mejía, cumple medida cautelar en la base del comando Cobras o Fuerzas Especiales de la sede en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.
Los imputados a quienes se les aplicaron medidas sustitutivas, deberán presentarse cada 15 días ante la secretaría de la judicatura, previo al registro biométrico.
En este sentido, los cuatro miembros de la policía, adscritos a la FNAMP en su momento hoy Dirección de Investigación Policial Anti Maras, Pandillas y Crimen Organizado (DIPAMPCO), fueron acusados por la fiscalía que presentó las pruebas documentales, periciales y testificales, mientras la defensa igualmente dio a conocer sus pruebas de descargo.
