El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se notificó en las últimas horas de las penas concretas impuestas a dos de los asesinos del fiscal Orlan Arturo Chávez, a quienes desde el 6 de agosto del 2019 se les condenó en juicio oral y público.
Se trata del expolicía Wilmer Samuel Álvarez Pagoada sentenciado a 24 años seis meses de reclusión y Luis Alejandro Castro Núñez sentenciado a 28 años seis meses de reclusión, al sumarle a éste último el cargo de portación o posesión ilegal de arma de fuego comercial.
Álvarez Pagoada y Castro Núñez fueron capturados por la ATIC en el marco de la Operación Dignidad que se ejecutó el 13 de febrero de 2017, siendo ese misma fecha acusado el comisario de policía, Mario Guillermo Mejía Vargas (47), considerado autor intelectual del vil asesinato y a quien también se le giró orden de captura, por lo que tendrá que responder ante la justicia hondureña una vez que culmine su proceso y condena por narcotráfico en Estados Unidos.
El crimen ocurrió el 18 de abril de 2013, a eso de las 8:15 de la noche, cuando el funcionario regresaba de impartir cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a bordo de un vehículo Mazda BT-50, cuando fue interceptado por dos sujetos a 60 metros del puente “Juan Ramón Molina”, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra de su humanidad.
El expediente, la Sección de Investigación de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la FEDCV lo logró judicializar luego de la efectiva labor de agentes de la ATIC, asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF ADPOL) que retomaron la investigación del caso, pudiéndose así acreditar la participación de las tres personas acusadas, dos de ellos miembros de la Policía Nacional.
Durante el juicio oral y público, Fiscales de la FEDCV evacuaron pruebas testificales, documentales, evidenciales y periciales técnico-científicas, que en total sumaron 37, entre los que destacan dictamen médico legal, dictamen comparativo de balística, análisis de video forense y pericia de análisis de vinculación de dispositivos telefónicos, entre otros.
Dichas pruebas presentadas por el Ministerio Público aportaron elementos contundentes que demuestran la culpabilidad de los sindicados, en relación a antes, durante y después de los hechos.
El Fiscal Orlan Chávez, fue un baluarte para el MP y el país en el combate a la narcoactividad y sobre todo en impulsar la incorporación en el estamento jurídico hondureño todo lo atinente al delito de lavado de activos.
Al momento de su repudiable asesinato, se desempeñaba como Jefe de la Unidad Contra Lavado de Activos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
