La entrada en escena de las cárceles de máxima seguridad en Honduras permitió reducir el hacinamiento en el viejo régimen penitenciario del país, además de bajar considerablemente el índice de delitos que se cometían en los centros penales y se ordenaban desde el interior del sistema carcelario.
Las cárceles de El Pozo, en Ilama (Santa Bárbara); La Tolva, en Morocelí (El Paraíso), y el Centro Penitenciario Siria, en El Porvenir (Francisco Morazán), además de rebajar los índices de delitos han permitido resolver considerablemente el problema del hacinamiento en centros carcelarios cuya población superaba su capacidad hasta en 200 % y 300 %.
Asimismo, en la gestión del presidente Juan Orlando Hernández se creó la Fuerza Nacional para el Control de los Centros Penitenciarios (FNCCP), además de adquirir una buena cantidad de vehículos blindados para el traslado de privados de libertad de máxima peligrosidad, motocicletas, escáneres y un sistema biométrico de última generación, todo con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a la población.
El subdirector de Gestión Penitenciaria Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario (INP), coronel José Mejía Medina, afirmó que en los últimos años se ha logrado asegurar el control en los centros penales, en especial por el trabajo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
Mejía Medina aseguró que “se puede decir que hay gobernabilidad” en las cárceles.
Indicó que el término de ‘universidades del crimen’ que se ha adherido a los centros penitenciarios ha ido quedando relegado, desde el momento en el que las iglesias, la Secretaría de Educación y otras entidades han trabajado de manera ardua en programas de capacitación y reinserción de los privados de libertad.
Se les terminó la fiesta
El presidente Hernández indicó en su momento que “a los criminales se les terminó la fiesta”, luego de que se cerrara el Centro Penal de San Pedro Sula y sus privados de libertad fueran enviados a El Pozo, la primera cárcel de máxima seguridad en el país, construida en Ilama.
Según el mandatario, el sistema carcelario del país fue reestructurado para evitar que los reclusos siguieran cometiendo y ordenando crímenes desde el interior del mismo.
Solo en San Pedro Sula, en su momento, se registraban no menos de 15 homicidios diarios y luego del primer traslado de más de 750 reclusos a El Pozo esa cifra en los siguientes meses bajó a 9, pero el cierre total del Centro Penal permitió, en parte, que la ciudad no siguiera siendo calificada como una de las más peligrosas del mundo.
Los nuevos centros penitenciarios tienen ya cinco años albergando en su mayor parte a reclusos considerados de alta peligrosidad, razón por la cual los índices de crímenes ocurridos antes de 2016 en el interior de las cárceles en la actualidad se han reducido de manera considerable.
Uno de los puntos de la estrategia de seguridad para la reducción de homicidios implicó que más de 4.500 privados de libertad fueran removidos de los viejos centros penales y trasladados a El Pozo y La Tolva, y al adjunto de máxima seguridad La Jaula, construido contiguo a la Penitenciaría Nacional de Támara (Francisco Morazán).
Allí están recluidos un buen número de cabecillas de las maras y pandillas más peligrosas de Honduras, que operaron a sus anchas en el pasado y que hoy en día afrontan el mayor esquema de restricciones puesto en marcha en el interior de los centros penitenciarios.
Según Mejía Medina, por ejemplo, la cárcel de San Pedro Sula en su momento estuvo bajo el dominio casi total de la población penitenciaria y fue una decisión más que importante la que tomó el presidente Hernández al ordenar el cierre de la misma y el posterior traslado de los privados de libertad a centros de máxima y mediana seguridad.
“Ese fue el primer paso para tener el control del sistema penitenciario”, dijo Mejía Medina.
