Producto de un efectivo trabajo investigativo y en cumplimiento de mandatos judiciales por delitos en contra de menores de edad, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Unidad Departamental de Investigación Criminal No.3 (UDIC-03), le dieron captura a un ciudadano que mantenía una orden de captura pendiente por delitos de índole sexual en perjuicio de su prima menor de 14 años.
En la colonia Milagro de Dios, municipio de Comayagua, mediante labores de búsqueda, vigilancia y seguimiento realizadas por funcionarios de investigación, lograron ubicar y capturar al presunto agresor sexual; un hombre de 22 años, originario y residente en esa misma localidad.
De acuerdo con la orden judicial emitida el 22 de mayo de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, el ciudadano es requerido por suponerlo responsable de los delitos de agresiones sexuales agravadas continuadas, agresión sexual y provocación sexual, en perjuicio de una víctima protegida por ley.
Según las investigaciones desarrolladas por los agentes de la DPI, establecen que en el año 2025, el sospechoso quien es primo de la víctima y aprovechando la vulnerabilidad de las misma, presuntamente habría mantenido conductas de acoso sexual hacia la víctima, incluyendo el envío de material de contenido sexual, amenazas y actos inmorales indebidos, los cuales que constituyen delito.
Seguidamente, se tuvo conocimiento de lo sucedido los agentes encargados del caso llevaron a cabo diversas técnicas de investigación, las cuales permitieron encontrar suficientes indicios probatorios que deducen responsabilidad al sospechoso.
De esta manera, la Dirección Policial de Investigaciones continúa fortaleciendo las acciones contundentes con el fin de ejecutar órdenes judiciales pendientes y de continuar desarrollando investigaciones especializadas que permitan combatir los delitos que atentan contra la integridad y dignidad de las personas, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.
Tras su captura, el detenido fue informado de sus derechos y remitido ante la autoridad judicial competente para continuar con el proceso legal correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación hondureña.
