Una gran caravana de camiones, en su mayoría del transporte del logística, se movilizó este lunes por el centro de Asunción como una medida de presión del sector que incluye la amenaza de un paro nacional y busca la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de regularización de los fletes.
Muchos de los cientos de camioneros que tomaron parte en la protesta llegaron anoche a la capital haciendo sonar sus bocinas, tras partir desde distintos puntos del interior del país.
La tónica se repitió hoy, si bien la caravana desistió de acercarse hasta el edificio del Congreso, cuyos accesos estaban cortados por la Policía Nacional, y se ubicó a lo largo de la Costanera, la carretera frente al río Paraguay.
No obstante, los representantes del gremio de camioneros se reunieron con las autoridades del Congreso para exponer su postura sobre el proyecto de ley que contempla la regulación del precio de los fletes, a partir de costes operativos en lugar de tarifas de precios.
Tras el encuentro, el senador Sixto Pereira, de la formación opositora de izquierda Frente Guasú, comentó en sus redes sociales que la mesa técnica del Congreso evaluará “ajustar el proyecto de ley” para tratarlo en la sesión del jueves de la Cámara Alta.
“Los camioneros plantearon las demandas del sector que fueron expuestos con anterioridad a otros gobiernos y fueron incumplidas. Plantearon la necesidad de regularizar la seguridad laboral, para un millón de trabajadores que viven del servicio logístico”, escribió el senador en su perfil del Facebook.
Pereira señaló también que los transportistas denunciaron que las multinacionales “pagan por debajo del costo la contratación del transporte” y repercute directamente en su trabajo.
La Unión Industrial Paraguaya (UIP), que agrupa a muchas empresas agroexportadoras que recurren al servicio de los camiones, ya expresó su oposición al proyecto como anticonstitucional, al tiempo que condenaron algunos cortes de rutas realizados por los camineros en pasadas protestas.
En cuanto al precio del flete, la UIP se mostró partidaria de que se acuerde entre camioneros y empresas de transportes y los sectores que contraten el servicio, en lugar de una ley que calificó de “amenaza y alteración en el sistema de libertad de concurrencia” que garantiza la Constitución. Tomado de EFE
