El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial de Impugnaciones (FEI) en coordinación con la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), logró que se revocaran las medidas distintas a la prisión preventiva, dictadas en su momento, a Carlos Alejandro Aguilar Ponce, exalcalde de La Ceiba, Atlántida, acusado de abuso de autoridad, fraude y uso de documentos falsos y para el exsecretario municipal, Janios Asbel Cruz Núñez, a quien se le imputan los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
La resolución que ordena que a ambos imputados se les imponga la medida cautelar de la prisión preventiva fue aprobada por “mayoría de votos” por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
El Ministerio Público solicitó la revocación de las medidas, en virtud que el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva, pese a que fiscales presentaron 27 medios de prueba documentales, un informe preliminar de auditoría forense ratificado por los peritos oficiales yla evacuación de evidencia física material.
La investigación realizada por fiscales del Circuito Anticorrupción detalla que luego de recibir denuncias de un grupo de exregidores, se pudo comprobar que el exedil ceibeño junto al exsecretario, falsificaron un acta municipal, agregando una adenda para otorgar a una empresa privada la recolección de desechos sólidos para generar energía durante 30 años, punto que nunca fue conocido, ni discutido en sesión de corporación municipal, pero sí firmado por el alcalde a pesar de ser falsa.
Posteriormente, por ser un contrato que sobrepasa el período de gobierno, se tuvo que llevar al Congreso Nacional, presentando el documento original sin la adenda para su aprobación, mismo que luego fue enviado a publicar en el Diario Oficial La Gaceta, pero además extrañamente luego se publicó la adenda a pesar de no haber sido conocida en el hemiciclo legislativo.
Por las inconsistencias mencionadas anteriormente y ante la falsedad del contrato, este nunca se pudo ejecutar, fue así que la empresa ganadora manifestando haber sido afectada, demandó a la corporación municipal de La Ceiba por un monto que ronda los mil millones de lempiras (L 947,667,984.59),cantidad impagable por los ceibeños ya que tienen una alcaldía en quiebra.
La decisión de presentar recurso de apelación obedece a la obligación del MP de agotar todas las instancias judiciales a fin que en representación de los intereses generales de la sociedad no queden en la impunidad.
