El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ordenado la noche de ayer miércoles el despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) para contener la violencia en las zonas donde últimamente se han registrado muertes violentas.
“He ordenado incursiones de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en los lugares donde se registraron homicidios ayer y hoy. Sabemos que hay fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado, pero este Gobierno no lo va a permitir”, ha aseverado el mandatario. “Han fallado en todos sus planes. Fallarán también en este. Dios con nosotros”, ha agregado.
En medio del despliegue nacional, los agentes hacen frente a las estructuras criminales, realizan registros en viviendas, efectúan controles de vehículos y realizan una serie de acciones operativas en todo el territorio del país para dar con el paradero de los delincuentes y capturar a los responsables de homicidios.
En las últimas 48 horas, en El Salvador se han reportado 29 homicidios, según datos de la PNC. En muchos casos se trató de los “pandilleros y colaboradores que perdieron la vida a causa de rivalidades y riñas internas”.
En el marco del operativo, los agentes han arrestado a algunos integrantes de las pandillas MS-13, Barrio 18-Sureños y Barrio 18-Revolucionarios.
“En gobiernos anteriores era normal ver más de 30 homicidios diarios, nosotros no vamos a permitir que los criminales sigan causando zozobra a la población salvadoreña”, informó la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia del país a través de un comunicado.
Las maras siguen siendo la principal amenaza para la seguridad en El Salvador. De cada 10 pandilleros detenidos en 2020, seis pertenecían a la Mara Salvatrucha o MS-13. La pobreza, desigualdad y exclusión social convierten a los jóvenes salvadoreños en carne de cañón para estos grupos criminales, que les brindan una oportunidad que luego pagan caro.
Hoy en día, las maras son una macroestructura que adopta características de otras redes criminales o terroristas —como la extorsión de la mafia italiana, la jerarquía de los yakuza o el sentimiento de lealtad de los yihadistas— y que supone un supernegocio. En la calle, esto se traduce en extorsiones, robos, violencia y chantajes que mantienen en vilo al país y que, en última instancia, acaban con trágicos desenlaces.
Sin embargo, los propios pandilleros han denunciado que la Policía ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales —información que fue confirmada por la Procuraduría Defensora de Derechos Humanos— y que “se ha convertido en un grupo de exterminio” que “viola los derechos” y comete asesinatos que “disfraza de enfrentamientos”.
