Grupos de manifestantes impidieron que la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fuera traslada a un hospital para recibir atención médica debido a la huelga de hambre que inició hace diez días. Áñez tomó esa decisión para exigir un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Nacional en lugar del proceso ordinario al que es sometida por la crisis política de fines de 2019.
El juez Franklin Siñani, que el viernes en la mañana dispuso el traslado de Áñez a un hospital estatal, cambió su decisión en la tarde y ordenó el ingreso de médicos al penal donde la exmandataria está detenida acusada de varios delitos, entre ellos, sedición y terrorismo.
“Esto es un abuso, hemos sufrido golpes de la turba”, denuncio la abogada de Áñez, Norka Cuéllar, y dijo que los manifestantes —apostados afuera del penal— eran afines al partido gobernante. La hija de la exmandataria, Carolina Rivera, también denunció agresiones y dijo que iniciaría una huelga en solidaridad con su madre.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal ha pedido que Áñez sea procesada en libertad.
La exmandataria lleva 11 meses en prisión preventiva acusada de encabezar un golpe de Estado a fines de 2019 cuando era senadora tras las fallidas elecciones denunciadas por la OEA como fraudulentas, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos y obligó a renunciar al entonces presidenciales Evo Morales, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo.
Áñez, de 54 años, enfrenta varias demandas impulsadas por el gobierno de Luis Arce, heredero político de Morales, entre ellas un juicio ordinario por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución relacionado con la sucesión presidencial tras la dimisión de Morales.
La expresidenta fungía como senadora y se proclamó presidenta interina después de la renuncia de Morales (2006-2019). Un juicio de responsabilidades debe ser aprobado por dos tercios de la Asamblea dominada por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
La exmandataria interina también está acusada en otro juicio por la muerte de 20 manifestantes durante la crisis política. Más de medio centenar de políticos opositores y militares también están acusados y otros encarcelados y han acusado al gobierno de usar a la justicia para perseguirlos.
El gobierno ha rechazado las acusaciones y sostenido que se trató de un golpe de Estado, mientras la oposición sostiene que fue una rebelión popular contra el fraude electoral de Morales y que la asunción de Áñez fue legítima.
En tanto, en su tercer día de visita a Bolivia, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, no dijo si visitará a Áñez, como ha pedido la exmandataria.
García-Sayán ha mantenido encuentros con autoridades, opositores y organizaciones de la sociedad civil en momentos en que la justicia está en el ojo de la tormenta por acusaciones de falta de independencia.
Morales, jefe del MAS, también ha pedido reunirse con el relator pero éste tampoco se ha manifestado sobre el pedido.
