El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicia este viernes el tercer año de su mandato, con el reto que supone una Cámara Baja en manos de los republicanos y en medio del escándalo por los documentos clasificados hallados en su residencia y oficina privadas.
El descubrimiento desde noviembre de varias tandas de papeles clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) han puesto al ahora presidente demócrata en una difícil coyuntura, que coincide con la recuperación por parte de los republicanos del control de la Cámara Baja.
Aún no están claras las consecuencias que pueda tener el hallazgo de los documentos, cuyo contenido se desconoce, aunque por lo pronto el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, ha designado a un fiscal especial, Robert Hur, para que investigue este caso.
Ante esta situación, los republicanos amenazan con lanzar toda la artillería pesada contra Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el conservador Kevin McCarthy, ya se ha mostrado partidario de abrir una investigación legislativa.
De hecho, los republicanos se han quejado por lo que consideran que es el doble rasero de la Administración de Biden, ya que aseguran que el FBI y otras agencias federales han sido injustas con el expresidente Donald Trump (2017-2021) en el caso de los documentos clasificados encontrados en su mansión de Mar-a-Lago (Florida, EE.UU.).
En su discurso nada más ser elegido presidente de la cámara, McCarthy ya advirtió que no le temblaría la mano a la hora de emitir citaciones para obligar a funcionarios públicos a entregar documentos y obligar a ofrecer testimonios al Congreso, antes de que el caso de los papeles de Biden estallara.
Por lo demás, los republicanos ya han dicho que van a intentar aprobar iniciativas legislativas para abordar retos urgentes como “la frontera sur abierta”, las políticas energéticas o “el adoctrinamiento progre en los colegios”, además de crear comisiones para investigar políticas de Biden y los negocios de su hijo Hunter Biden.
Y han avisado de que irán más allá y buscarán poner límite al gasto público, el que ha sido el buque insignia de la política de Biden durante estos años de pandemia, junto con el combate a la inflación, aunque no está muy claro el poder de actuación de los conservadores, ya que no controlan el Senado, en poder de los demócratas.
Nada más llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021, Biden se puso como prioridad la lucha contra la pandemia y sus repercusiones económicas.
En esa línea, Biden se ha encargado de que las vacunas contra COVID-19 estuvieran disponibles para todos los estadounidenses, aunque se ha tenido que aplicar a fondo a la hora de convencerlos para que se las pusieran ante los altos índices de antivacunas en la población.
Al tiempo que su Administración ha plantado cara al coronavirus, Biden ha impulsado un paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares y otro de infraestructuras de 1.2 billones, que fueron aprobados por el Congreso, para contrarrestar la destrucción del tejido económico causado por la pandemia.
Algunos economistas han apuntado que esos estímulos han sido la causa de la elevada inflación en el país, aunque hay otros que argumentan que ha sido resultado de la pandemia, los problemas en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania.
De hecho, la alta inflación ha sido la mayor sombra en la gestión de Biden e incluso llegó a batir en junio su récord de los últimos cuarenta años con una tasa interanual del 9.1 por ciento, espoleada por los precios de la gasolina y los alimentos.
Ante esta carestía, la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. lleva aplicando subidas a los tipos de interés desde marzo, lo que en los últimos meses ha conseguido que la inflación esté descendiendo.
En paralelo, desde la Casa Blanca se ha impulsado la Ley para la Reducción de la Inflación, aprobada por el Congreso y que cuenta con ayudas a empresas que inviertan en tecnologías limpias, entre otros.
Pese a estas medidas, parecía que la inflación le iba a pasar factura a los demócratas en las elecciones de noviembre pasado de medio mandato, que son vistas en EE.UU. como un “referendo” a la gestión del presidente de turno, en este caso Biden.
No obstante, la movilización para proteger el derecho al aborto, revocado en junio pasado por el Tribunal Supremo, ha jugado a favor de los progresistas, que lograron mantener el control del Senado, aunque no así el de la Cámara Baja.
Y eso a pesar de la falta de rotundidad del propio presidente, de credo católico, a la hora de defender el derecho al aborto en público, aunque su Gobierno ha adoptado medidas para contrarrestar la sentencia.
En el terreno internacional, el mandato de Biden se ha caracterizado por la vuelta a los aliados tradicionales de EE.UU., tras los años de alejamiento de Donald Trump, quien prefirió desafiar a los socios de toda la vida del país y ser ambiguo, e incluso expresar su admiración hacia el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un.
Tras una desastrosa retirada de Afganistán después de 20 años de guerra, el Gobierno de Biden se enfrenta ahora al gran reto de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, sin que soldados estadounidenses pisen el suelo ucraniano para no desencadenar una guerra mundial.
Si la situación no cambia, todo parece indicar que la guerra en el país europeo y la competición con China marcará la política internacional de Biden de aquí a las elecciones presidenciales de 2024, en las que ya ha adelantado sus intenciones de presentarse, aunque todavía no lo ha hecho oficialmente.
