La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció que, entre 2023 y 2025, el Congreso Nacional de Honduras canalizó L1,837,349,701.14 del Fondo de Administración Solidaria a través de una línea presupuestaria pensada para gastos de emergencia, pero operada sin mecanismos de control, rendición de cuentas ni liquidación.
A pesar de que secretarías como SEDESOL, FHIS y SGJD figuran como ejecutoras, la investigación de la ASJ constató que en la práctica los diputados propietarios y suplentes eran quienes gestionaban los proyectos y coordinaban la entrega directa de becas, cupones de alimentos, proyectos de infraestructura menor e insumos médicos en las comunidades.
Según el informe, ninguna de las entidades ejecutoras ha remitido los informes de liquidación exigidos por la ley. La propia SEDESOL reconoció que aún no liquida los fondos correspondientes al periodo 2023-2025 y que desconoce el procedimiento normativo para efectuarlo.
