Vigilados las 24 horas del día por más de 700 cámaras de seguridad permanecen los más de 3.200 integrantes de maras y pandillas y miembros de grupos de criminalidad organizada en los centros penitenciarios de máxima seguridad, denominados El Pozo I y II, en Ilama (Santa Bárbara) y Morocelí (El Paraíso), respectivamente.
Estos antisociales, que desde las cárceles ordenaban y cometían múltiples masacres, asesinatos, violaciones, extorsiones y robos, entre otros delitos, fueron los responsables de mantener al país con los índices mal altos de inseguridad a nivel centroamericano y a San Pedro Sula como la ciudad más violenta del mundo.
Actualmente, estos delincuentes viven bajo un estricto régimen de seguridad, en celdas de dos por dos metros cuadrados, con puertas blindadas que constan de una pequeña ventana con vidrio blindado que mide 10 pulgadas cuadradas, y duermen en camas de concreto con colchonetas de cinco pulgadas de grosor.
Durante 23 horas permanecen en sus celdas y una hora son llevados a un espacio acondicionado con láminas traslúcidas para que reciban la luz solar, pero no tienen ningún tipo de contacto visual con el exterior y desconocen las horas del día, ya que los horarios varían para cada uno de los módulos.
Acostumbrados a lujos y comodidades, estos privados de libertad de alta peligrosidad y agresividad han tenido que aprender que se terminó su autogobierno y que ahora son las autoridades penitenciarias quienes tienen el control de los centros penales, donde antes ellos mandaban por encima de los controles establecidos.
Estos reos antes se movilizaban por todo el centro penitenciario donde estaban, pero ahora salen de las celdas únicamente para ir a bañarse y a la clínica para chequeo médico.
Antes de sacarlos de sus celdas, los agentes les colocan esposas en las manos y al abrir la puerta les ponen grilletes en los pies para luego dirigirlos hasta las duchas, que también cuentan con puerta blindada, o a la clínica, según sea el caso.
Estándares internacionales
Con el objetivo de mantener aislados a los integrantes de maras y pandillas y miembros de bandas de criminalidad organizada, y así evitar que siguieran ordenando crímenes en perjuicio de la población hondureña, el presidente Juan Orlando Hernández ordenó y coordinó el traslado de estos criminales a las cárceles de máxima seguridad.
El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNiel, explicó que los Pozos, “son cárceles que reúnen todos los estándares nacionales e internaciones en materia de seguridad, para que las personas se encuentren plenamente controladas dentro de los centros penitenciarios”.
“Contamos con un sistema de cámaras en que podemos tener la visualización de todos los puntos del centro penitenciario, con el propósito de que exista una correcta vigilancia”, indicó.
Además, dijo McNiel, “contamos con módulos de máxima seguridad en donde las personas estarán guardando prisión de una manera efectiva y bajo un régimen de máxima seguridad, no como venía ocurriendo en años anteriores, en donde los privados hacían lo que querían”.
“Podemos ver que con la puesta en marcha de estos centros penitenciarios se logra cerrar el centro penitenciario de San Pedro Sula, el cual se encontraba prácticamente en el centro de la ciudad industrial de nuestro país, g6enerando grandes problemas de violencia en esa ciudad, la cual llegó a ser la más violenta del mundo”, agregó el funcionario.
La historia negra de la “universidad del crimen” (el centro penal sampedrano) se escribió con sangre, luto y dolor de la población, pero a raíz del cierre de esa cárcel “San Pedro Sula se encuentra con otro estatus de seguridad a nivel mundial; ya no es la ciudad más violenta y eso está evidenciado en los informes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina)”, recalcó.
Estas estadísticas también tuvieron eco en organismos no gubernamentales internacionales como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, de México, y el Índice de Paz Global; ambos organismos reconocieron que a nivel centroamericano Honduras fue el país con más avances en materia de seguridad.
Honduras llegó a reportar una tasa de 87 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero las estrategias implementadas en materia de seguridad han permitido reducir la tasa a menos de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Las zonas denominadas “calientes”, por los índices de criminalidad, están intervenidas por la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Los traslados
Con la finalidad de devolver a la ciudadanía la paz, la tranquilidad y la seguridad, en 2017 el presidente Hernández dirigió la Operación Arpía, la cual se desarrolló en tres fases para trasladar a más de 3.200 reos a las cárceles denominadas Pozos y a otros que permanecen en el módulo de máxima seguridad de la Penitenciaria Nacional de Támara (Francisco Morazán).
Los de mínima peligrosidad permanecen en el centro penitenciario de El Porvenir (Francisco Morazán). Todos estos privados de libertad fueron trasladados desde las cárceles de San Pedro Sula y Santa Bárbara, ambas cerradas en octubre y noviembre de 2017, lo que devolvió la alegría y la tranquilidad a los habitantes de las zonas donde estaban esos centros.
Desde 2014, con el apoyo de la Fusina, el INP ha trasladado desde los distintos centros penitenciarios a 7.137 personas privadas de libertad, logrando recuperar el orden y control del sistema penitenciario, el cual estuvo abandonado por más de tres décadas.
Respeto
El subdirector del INP afirmó que las personas privadas de libertad han sido trasladadas a los diferentes centros penitenciarios con la finalidad de mantener el orden y control; asimismo, mejorar sus condiciones de vida bajo el estricto respeto a sus derechos fundamentales, como educación, salud, alimentación y sana convivencia, entre otros.
“Estos privados de libertad que se encuentran en los centros penitenciarios de máxima seguridad, si bien es cierto están bajo un régimen de alta seguridad, pero el respeto a sus derechos son inviolables; hemos capacitado a los agentes penitenciarios con un enfoque de respeto a los derechos humanos y respeto a los internos y sus familiares”, dijo McNiel.
Estas cárceles de máxima seguridad cuentan con siete talleres debidamente equipados para que los privados de libertad puedan aprender los oficios de carpintería, costura, manualidades, soldadura, mecánica y computación, entre otros. Un grupo de mínima seguridad trabaja en los proyectos agrícolas que se desarrollan en El Pozo I, en Ilama.
Para garantizar los procesos de reeducación, rehabilitación y reinserción social de los internos, el presidente Hernández asignó una partida presupuestaria superior a los 80 millones de lempiras para que las personas recluidas no tengan que incurrir en gastos para sus procesos de aprendizaje a nivel de educación formal y no formal.
